Ordóñez interviene el Banco de Valencia con ayudas de 3.000 millones

Tras el paréntesis obligado de la campaña electoral, el Banco de España no ha podido esperar ni un solo día para continuar la amarga tarea de intervenir entidades insolventes. Otra vez el disparo llegó a Valencia, la comunidad que más problemas ha generado tras el final de la burbuja inmobiliaria y la politización de la gestión financiera.

El rápido movimiento de Ordóñez no es malo para el futuro presidente, Mariano Rajoy. "Para el PP, una vez ganadas las elecciones, lo mejor es que salgan todos los problemas financieros antes de que llegue al Gobierno", dice un ejecutivo cercano a la operación. También se termina con el espinoso el papel del máximo responsable, José Luis Olivas, un hombre totalmente ligado al PP: expresidente de la Generalitat valenciana, de Bancaja, de Bankia y del propio Banco de Valencia, que tuvo que presentar ayer su dimisión tras el escándalo de la intervención.

Olivas no cobrará indemnización, pero sí tiene derecho a fondo de pensiones

El Fondo de Garantía absorberá las posibles pérdidas por la intervención

Si los accionistas no acuden a la ampliación, el banco se subastará

El Banco de España garantiza los compromisos de los depositantes

El hecho es que el Banco de España decidió ayer actuar en el Banco de Valencia -con 111 años de historia- por su delicada situación de solvencia y liquidez. El equipo gestor será sustituido por personal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Además, anunció que inyectará 1.000 millones para reforzar los niveles de capital y además le concederá una línea de crédito de otros 2.000 millones con vistas a garantizar su liquidez. A diferencia de operaciones similares en cajas, las pérdidas que se pudieran derivar de esta intervención las pagará el Fondo de Garantía de la banca, no el Estado.

El anuncio de la inminente intervención, adelantada por la edición digital de EL PAÍS a las 14.45, obligó a la CNMV a suspender la cotización a las 16.00, sin poder esperar al cierre de la sesión, tal y como estaba planeado. En el momento de la suspensión, la cotización caía un 3,27%, en línea con el mercado. Media hora más tarde, el supervisor hizo público el comunicado oficial de intervención.

Banco de Valencia, que agrupa un 0,74% del total de los activos del sistema financiero español (24.000 millones) es la entidad número 21 del sector. Se ha convertido en la cuarta entidad intervenida por el supervisor tras Caja Castilla La Mancha, Cajasur y Caja Mediterráneo.

En todos estos casos, el origen de los problemas estuvo en la excesiva apuesta por el sector inmobiliario y una pésima gestión. No obstante, lo peculiar del caso del Banco de Valencia, que tiene unos activos problemáticos de 3.995 millones, el 18,5% del total; se trata del primer banco nacionalizado y de la primera entidad cotizada que sufre este destino. Cuenta con un capital de 1.200 millones. La inyección de 1.000 millones más hace prever que la morosidad será muy alta. Además, el Valencia tiene otro problema, la liquidez. La fuerte rebaja del rating de las agencias en las últimas semanas (está considerado B, el tercer peor nivel del bono basura), ha provocado que la entidad no pueda obtener financiación en el Banco Central Europeo (BCE) porque sus garantías no son válidas. Esto puede generar dificultades para atender sus vencimientos, un tema letal para una entidad financiera.

El Valencia ha roto un juramento no escrito entre los bancos. En 2008, cuando se inició la crisis, afirmaron que ellos no pedirían ayudas públicas. Si llegaban problemas, los solucionarían con fusiones internas. Así fue con el Banco Guipuzcoano (hoy en manos del Sabadell) y con el Pastor (que será comprado por el Popular), pero nadie ha querido quedarse con el Valencia, "un banco que se parece a una caja, sobre todo a la CAM", según dicen los expertos.

Al igual que la caja alicantina, el futuro de la entidad valenciana es una de las mayores incógnitas. Con 420 oficinas y 2.000 empleados, concentra el 70% de su actividad en la Comunidad Valenciana, otro 10% en Murcia y otro 10% más en Madrid.

El Banco de Valencia, controlado antes por Bancaja y ahora por Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, lleva casi un año en venta sin ningún éxito. El Banco de España dijo en el comunicado que el FROB intentará "estabilizarlo y recapitalizarlo y así hacer posible una posterior enajenación a otra entidad mediante un proceso competitivo". Esta frase hace suponer que acabará en pública subasta ya que ni el BFA, que tiene el 28% del capital, ni la mayoría de los empresarios accionistas, parecen interesados en acudir a la ampliación de capital de 1.000 millones. BFA tendría que aportar 324 millones, una tarea que no es fácil para una entidad a la que no le sobra capital y que las pruebas europeas exigen recapitalizarse con 1.140 millones más.

La mañana de ayer fue un día ajetreado en la sede del Banco de Valencia. El Banco de España seguía de cerca la reunión del consejo de administración donde se discutía el informe de la Inspección, que era casi una sentencia de muerte. Los consejeros acordaron la formalidad de solicitar su propia sustitución "ante la imposibilidad de encontrar una solución viable", según el supervisor. El Banco de España insistió en que "los depositantes y acreedores pueden estar absolutamente tranquilos porque está garantizado el normal funcionamiento de la entidad".

La primera repercusión de la intervención se vio en el consejo del BFA, celebrado ayer por la tarde. Olivas presentó su dimisión en una intervención calculadamente escueta. Admitió su responsabilidad sobre la situación del Banco de Valencia, pero no aclaró si el presidente, Rodrigo Rato, estaba o no al tanto de la situación del banco. Consejeros cercanos a Olivas comentaron que se había tratado el asunto en comisiones ejecutivas, pero no concretaron más. La dimisión deja a Olivas sin indemnización que, teoricamente, está en relación con su salario fijo, cercano al millón de euros. A lo que sí tiene derecho es a los fondos de pensiones desembolsados.

La intervención de ayer pone en entredicho las declaraciones del gobernador el 30 de septiembre pasado, cuando afirmó que se había terminado la recapitalización del sistema. Ahora se ha abierto otra herida y otra subasta pendiente.