Las agencias de calificación podrán ser denunciadas por engaños

Los inversores que se sientan engañados por los informes de las agencias de calificación podrán denunciarlas ante los tribunales y pedir indemnizaciones, según ha adelantado la Comisión Europea. El Ejecutivo de Bruselas ha aprovechado el incidente del pasado jueves, en el que la agencia Standard & Poor's (S&P) anunció por error que quitaba la máxima calificación a la deuda francesa, para defender su propuesta. Según Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, "el error demuestra la necesidad de una regulación fuerte".

El nuevo reglamento, que se concretará el martes, también incluye otras normas para fomentar la competencia en el sector y asegurar su imparcialidad, evitando conflictos de intereses. A su vez, la Comisión también detallará las medidas para limitar la calificación de la deuda de países rescatados, que Barnier ya avanzó el 20 de octubre.

Ya hay leyes contra los errores de las calificadoras, pero no se aplican

La nueva normativa europea pretende armonizar las legislaciones de los Estados miembros para asegurar que los errores o los conflictos de intereses en que caigan las agencias de calificación podrán ser castigados. Fuentes comunitarias señalan que esa legislación ya existe en varios Estados pero nunca se ha aplicado de forma efectiva.

Las agencias, que de momento no se han pronunciado, amenazaron en marzo precisamente con dejar de calificar a los países con mayor riesgo en su deuda soberana si Barnier seguía adelante con su idea de exigir responsabilidad por sus rebajas erróneas en la calificación de la deuda soberana. Fuentes de la industria recordaron a la Comisión que una "huelga de calificaciones" ahuyentaría a los inversores de esos países, encareciendo todavía más su financiación.

La portavoz del comisario también ha descartado que la propuesta incluya la creación de una agencia de calificación europea, posibilidad que se barajó al principio de la crisis de la deuda soberana. La Comisión prefiere regular el mercado para garantizar mayor competencia, repartiendo así el poder que las tres grandes agencias de calificación, S&P, Moody's y Fitch, han acumulado con el paso del tiempo.

La iniciativa es un nuevo capítulo del pulso que la Comisión y las agencias mantienen desde hace dos años, cuando empezó la crisis de la deuda soberana y se señaló a las agencias como las culpables por su excesivo poder y la incapacidad para detectar los fallos. Las instituciones europeas, sin embargo, son responsables de ese poder ya que durante años exigieron a las entidades financieras acreditar las máximas calificaciones de las agencias para, por ejemplo, poder computar determinados valores como capital básico.

El FMI consideró en su informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial de 2010 que las agencias "usan y abusan del poder que tienen" y que necesitan una supervisión más estricta porque sus actividades tienen "un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países, pudiendo afectar su estabilidad financiera".

S&P envió el jueves un mensaje a algunos suscriptores anunciando la rebaja de la nota de la deuda francesa, lo que hizo caer el precio de esos bonos inmediatamente. Hora y media más tarde, la agencia corrigió y pidió disculpas. Desde la Comisión aseguran que "el incidente es grave y refleja la volatilidad del mercado y la responsabilidad que deben tener los actores que operan en él".

La idea de exigir responsabilidad civil a las agencias de calificación se inspira en Estados Unidos, donde S&P y Moody's están siendo juzgadas por su responsabilidad en la crisis de las hipotecas basura, a las que las agencias daban su máxima nota al mismo tiempo que sacaban beneficios de su comercialización.

En España, la Unión por las Libertades Civiles y el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales acusaron en febrero ante la Audiencia Nacional a las tres agencias por sus rebajas en la calificación de la deuda española. Los abogados que presentaron la querella criminal, por uso de información privilegiada para alterar los precios del mercado, opinan que se produjo un conflicto de intereses en beneficio de los clientes de las agencias y en detrimento del erario público.