Los servicios municipales de Barbate se paralizan
Si alguien quiso obtener su certificado de empadronamiento ayer en Barbate (Cádiz) no pudo hacerlo. Ningún trabajador municipal le atendió. Las ventanillas estaban cerradas. En los mostradores nadie recibía. La actividad se paró por completo. Los alrededor de 300 trabajadores de este Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, decidieron no cumplir con su función para demandar el pago inmediato de las cuatro nóminas que el Consistorio les debe. Un problema crónico de difícil situación que, según los sindicatos, ha llevado a los empleados públicos a tomar esta drástica medida.
Los representantes de los trabajadores no quisieron ayer hablar de huelga sino de "asamblea permanente". Los servicios municipales no funcionaron en todo el turno de la mañana. La última nómina que vieron en sus cuentas fue la paga extra de verano pero, desde entonces, no han cobrado. "Esto es un drama. No estamos hablando de sueldos desorbitados sino de muchos salarios mileuristas que sustentan a muchas familias", explicó el portavoz del comité, José Ramón Torres.
Los funcionarios y demás empleados públicos de Barbate vienen protagonizando movilizaciones desde hace meses. Se han concentrado en la hora del desayuno frente a las puertas del Ayuntamiento, se han manifestado en la calle, han impedido el acceso de los concejales y han intentado boicotear visitas de autoridades a la localidad.
Sin dinero
Pero, hasta ayer, siempre habían desarrollado su función a pesar de los retrasos en el cobro. Lo hicieron después de que el alcalde ordenara el desalojo del salón del Ayuntamiento durante una sonora protesta de los empleados en el desarrollo de un pleno. "Hay compañeros que están sometidos a embargos porque no pagan sus hipotecas. Estamos viviendo de la solidaridad de amigos y familiares porque no tenemos ni dinero para comprar productos básicos", justificó Torres.
El alcalde, el socialista Rafael Quirós, ya ha explicado varias veces que toda su actividad pública diaria la dedica a buscar dinero para pagar las nóminas, unos 400.000 euros mensuales. Ha pedido ayuda a los dirigentes socialistas en la Junta y el Gobierno central para conseguir ingresos extras y también ha solicitado auxilio en la Diputación, gobernada ahora por el PP. Los trabajadores han anunciado que boicotearán los actos electorales del 20-N.
