Salud planea trocear la sanidad pública y abrirla al capital privado

El Gobierno catalán planea el mayor vuelco en la gestión de la sanidad pública dado hasta la fecha por cualquier Administración pública. Con la premisa de que el modelo actual se ha quedado obsoleto, el Ejecutivo de CiU estudia trocear el Instituto Catalán de la Salud (ICS) -ocho grandes hospitales, 286 centros de salud y un centenar de otros equipamientos- en una veintena de empresas públicas que deberán someterse a las reglas del mercado. El fin es flexibilizar la gestión, lograr que las nuevas empresas tengan beneficios, dar entrada al capital privado e incentivar que los trabajadores se conviertan en empresarios del sector, según el documento interno La gobernanza del ICS, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

De llevarse a cabo, el plan no tendría un impacto directo sobre el ciudadano, que seguiría siendo atendido con su tarjeta sanitaria. Pero sí supone el fin del ICS tal como ha existido en los últimos 28 años y plantea ir más allá de lo que han ido comunidades como Madrid y la valenciana. Estas cedieron a la gestión privada nuevos hospitales, pero mantuvieron los que en su día recibieron del antiguo Insalud. El ICS, que ahora cuenta con un presupuesto anual de 2.892 millones de euros y una plantilla de 41.673 trabajadores, pasaría a encabezar el holding que controlaría todas esas sociedades. Ocho de ellas corresponderían a los ocho hospitales públicos y una docena a agrupaciones de entre 15 y 25 ambulatorios.

Alianzas con empresas

Según el informe interno, las 20 nuevas empresas estarán abiertas a la "participación de los profesionales" del sector sanitario. Esta relación se articularía a través de la creación de sociedades mixtas, participadas por el ICS y profesionales e inspiradas en el actual modelo de autogestión, conocido como EBA, que funciona en algunos centros de salud. En los hospitales, estas podrían hacerse cargo de servicios o unidades asistenciales y serían retribuidas mediante un contrato programa.

Todas las filiales, además, se abrirían al capital privado por otra vía. El documento propone ampliar el "abanico de posibilidades y alianzas" creando "consorcios con otras entidades públicas y privadas", y empresas mixtas con "otros proveedores sanitarios" para ganar eficiencia y optimizar y centralizar recursos.

Una portavoz del ICS se limitó a señalar ayer que el informe es "un documento interno de trabajo" del organismo dependiente del Departamento de Salud, dirigido por Boi Ruiz. No obstante, se elaboró el pasado mes de mayo y ya ha empezado a darse a conocer a los gerentes territoriales del ICS. El informe justifica la necesidad de "reformular" el ICS, por considerarlo "ingobernable" debido a sus dimensiones.

La hoja de ruta que marca el documento supone ejecutar ese proceso en un periodo de entre tres y cinco años, aunque se empezaría por una prueba piloto en la que se quiere implicar a "profesionales, equipos de dirección y grupos de interés". El documento incluso recuerda que deberá realizarse un plan de comunicación para "controlar el mensaje", hallar "los mejores portavoces" y "reclutar líderes de opinión".

Los planes del ICS implican también modificar el marco legal y económico. La reestructuración supondría suprimir tres apartados y una disposición de la ley de 2007, y la introducción de una enmienda que permita crear filiales del holding.A pesar de que el fin del desmembramiento es la "gobernanza" del ICS, en 22 páginas el informe solo dedica cinco párrafos a esa cuestión. Ahora, el ICS tiene un consejo de administración y varios gerentes territoriales. El informe propone que la matriz del instituto tenga un consejo de administración que a la vez nombre a los 20 de sus filiales.

Los cambios afectan también a la forma en que Salud pretende incorporar médicos y personal sanitario a la plantilla de los centros públicos. El modelo actual de contratación de la sanidad pública, basado en el habitual sistema de oposiciones, que configura sectores donde los sindicatos adquieren una fuerza notable, está abocado a cambios de calado en Cataluña. Es el objetivo de la Generalitat, que en el documento interno para reorganizar la sanidad pública admite que "un punto clave de motivación de este cambio es modificar el modelo contractual para flexibilizar la gestión de recursos humanos".

El Gobierno catalán aspira a implantar un nuevo proceso de selección que define solo de forma superficial, pero que permitiría "adaptar la gestión de los recursos humanos de acuerdo con las circunstancias actuales", señala en referencia a la crisis y los recortes que aplica en sanidad pública, de casi 1.000 millones de euros. "Es necesario adaptar la flexibilidad de contratación a los momentos actuales", insiste el informe.

Para ello, en el texto se reclama que se apliquen cambios legales para modificar el proceso de selección. La finalidad es reducir la participación e influencia de las fuerzas sindicales en el Instituto Catalán de la Salud (ICS), la mayor empresa pública de Cataluña, con 41.000 empleados, que gestiona todos los centros sanitarios públicos. Este nuevo modelo de gestión de recursos humanos, de hecho, se reclama en el mismo momento en que se produce la amenaza de huelga planeada por los sindicatos ante la decisión de la Generalitat de suprimir la mitad de la paga extra de Navidad a los empleados del ICS. La oposición sindical ha enquistado las negociaciones sobre el recorte de 47 millones de euros de la nómina del personal sanitario. El escenario parece imposible de resolver: mientras que los sindicatos expondrán hoy conjuntamente su rechazo a la propuesta del ICS, el organismo concretó ayer las cinco jornadas

en que quedarán paralizados los ocho hospitales de titularidad pública (véase el cuadro adjunto).

La nueva gestión de recursos humanos que esboza el informe busca diluir la importancia de los factores de selección habituales en cualquier proceso de oposiciones para las contrataciones indefinidas. "En cuanto a la selección temporal, difícilmente el ICS podrá sustraerse a utilizar la bolsa laboral pactada con las fuerzas sindicales". Para la contratación definitiva, sin embargo, el Gobierno trazaría un nuevo marco legal para invertir esta situación. "El modelo debe modificarse para incorporar la participación del personal directivo y de mando en la selección final de los profesionales", señala el informe.

Como compensación, el Gobierno sopesa implantar nuevas formas de incentivar a los profesionales. "Los sistemas retributivos deberán negociarse de forma más flexible y específica con los profesionales", precisa, y concluye que "será un factor importante para estimular al personal".