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COLUMNA

Políticos y contables

En ocasiones hay frases que, dichas sin ese propósito, compendian a la perfección el espíritu de una época. Sobre los tiempos de gasto público desenfrenado que conocimos hasta hace bien poco, y de los cuales estamos pagando ahora las consecuencias, no he hallado mejor síntesis que las palabras de José María Barreda Fontes, expresidente de Castilla-La Mancha, en una entrevista concedida a EL PAÍS hace tres semanas. A la observación de que, "durante su mandato, Castilla-La Mancha se convirtió en la comunidad con más déficit", el sucesor de José Bono replicaba: "Era un presidente autonómico, no un contable, y no afronto la política con esa mentalidad ". Al leerlo, me acordé de la respuesta atribuida al general De Gaulle cuando uno de sus oficiales ponía objeciones logísticas a la operación militar que estaban planeando: "L'intendance? L'intendance suivra...".

El territorio español está tachonado de estaciones del AVE sin apenas viajeros y de autovías sin peaje con escasos vehículos

Sería fácil atribuir los excesos cometidos en Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos años (las autovías sin tráfico, el aeropuerto sin vuelos, los AVE sin pasajeros, la Seseña sin vecinos, la caja de ahorros regional convertida en remedo del Banco Nacional de Libertonia...) al rancio abolengo del presidente Barreda (nieto del conde de la Cañada, primo de la marquesa de Casa Treviño Gotor...) y al ancestral desdén de la aristocracia hispánica por las mezquinas cuestiones de dinero. Pero lo cierto es que esa pauta de conducta política la han practicado sin distinción nobles y plebeyos, mandatarios de izquierdas, de derechas y de centro, en la meseta y en Cataluña.

Baste recordar la situación del Ayuntamiento de Moià, cuya deuda cuadruplica de largo su presupuesto anual porque, bajo el anterior alcalde (el convergente Josep Montràs), se quiso cimentar la vieja reivindicación de una comarca propia, el Moianès, dotando a la villa (5.700 habitantes) de los equipamientos y los medios de una capital comarcal, escuela de música incluida. Pero los ejemplos son múltiples: el nuevo teatro de Corbins (Segrià), una instalación que el municipio (1.300 habitantes) no se halla en condiciones de rentabilizar ni de sostener; o la megalómana Ciutat Esportiva de Blanes (7.000 metros cuadrados, un millón de euros de mantenimiento anual); o el pabellón polideportivo levantado en Bellvei del Penedès, un pueblo de 2.000 vecinos que carece de equipos deportivos; o el Centre Espai Escènic de Castellterçol; o el colosal teatro inacabado de Torredembarra...

El territorio español está tachonado de estaciones del AVE sin apenas viajeros, de autovías libres de peaje donde escasean los vehículos y, en el caso de Cataluña, de piscinas climatizadas, equipamientos sociales o culturales e instalaciones deportivas de factura escandinava, pero insostenibles con nuestra fiscalidad y nuestra cultura del gratis total. Son producto -se dice-del espejismo de la burbuja inmobiliaria, y también -eso se dice menos- del clientelismo partidista tanto de las Administraciones autonómicas como de la central. Me permito añadir que, sobre todo, son hijas de una lógica política perversa que se generalizó durante los últimos lustros; perversa, pero casi imprescindible para ganar elecciones.

Esa lógica, ese discurso consistía en reivindicar la estación del AVE, o el teatro público, o el polideportivo, o la piscina, no como una necesidad sustentada sobre estudios de demanda, previsiones de uso y cálculos de viabilidad económica, sino como un derecho. Y claro, ¿quién va a regatear o a echar cuentas sobre un derecho? El supuesto derecho se argumentaba con apelaciones al "déficit histórico" del municipio, la comarca o la provincia en cuestión; con referencias a la necesidad de evitar la despoblación del territorio respectivo, y mayormente con el agravio comparativo: no vamos a ser menos que el pueblo vecino, ni a consentir que tales comodidades sean monopolio de los habitantes de la capital, esos privilegiados. Y bien, la fiesta se acabó. Mal que les pese a los Barreda de turno, los políticos de ahora y del futuro tienen que ser también contables rigurosos. Y los electores deberían saberlo y valorarlo, porque la intendencia ya no se deja arrastrar por delirios de grandeza.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de septiembre de 2011