Bruselas celebra que Bizkaia cumpla ahora la sentencia y exija las ayudas

La Comisión Europea considera que la Diputación de Bizkaia ha tomado el camino correcto para resolver el conflicto de las vacaciones fiscales que aprobaron las Haciendas vascas en la década de los 90 y han sido consideradas ilegales por los tribunales europeos. La decisión de este territorio de exigir a las empresas beneficiadas que devuelvan la totalidad de las ayudas recibidas, como siempre había pedido la UE, supone ajustarse por fin a las resoluciones judiciales, según interpreta la Comisión. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, "se alegra mucho", aseguró ayer su departamento por escrito a este diario, de que "las autoridades españolas ejecuten las decisiones de la Comisión y las sentencias del Tribunal" de Luxemburgo.

La UE recuerda que siempre ha mantenido la misma posición

Bruselas celebra así el giro que ha adoptado la institución vizcaína a la estrategia conjunta que venía manteniendo desde el principio con Álava y Vizcaya. La determinación adoptada por el ejecutivo presidido por José Luis Bilbao, del PNV, se produce a espaldas de las Diputaciones vecinas, según éstas, y supone romper la unidad de acción que tenían establecida.

El portavoz foral vizcaíno, Juan María Aburto, ha desvelado esta misma semana que ya ha iniciado los trámites para solicitar a 26 empresas de este territorio la devolución de 65 millones de euros tras recalcular la liquidación de las denominadas vacaciones fiscales. Bizkaia, que siempre defendió que las ayudas concedidas habían sido entregadas por los beneficiarios, justifica su nueva decisión aduciendo un "cambio de criterio" por parte de Bruselas.

La UE recuerda que su posición ha sido firme durante todo el litigio, prolongado durante más de una década. Ha insistido "en repetidas ocasiones" que las Haciendas vascas tenían que recuperar las ayudas en su integridad. Incluso la clase empresarial, a través de Confebask, se apunta a esta tesis al lamentar que haya sido la Diputación vizcaína la que "ha cambiado de criterio".

Por ahora, Bizkaia se ha quedado solo con su desmarque. La Diputación de Álava, en manos del PP tras las últimas elecciones, mantiene su postura de esperar un nuevo pronunciamiento de los tribunales europeos, mientras que Gipuzkoa, gobernada por Bildu, prefiere "por precaución jurídica y económica" no hacer pública su estrategia.

En este sentido, la última sentencia del máximo tribunal europeo, ratificando la ilegalidad de las ayudas y conocida en julio pasado, establece con claridad que en una primera parte las Diputaciones deben recuperar la "totalidad de las ayudas otorgadas" al margen de que estas "sobrepasen o no los límites máximos" que la UE permitía para las ayudas "regionales". "Únicamente en una fase posterior", dice el fallo judicial, se podría pedir a la Comisión que excluya de la obligación de recuperar "alguna ayuda individual específica".

La Corte de Luxemburgo tiene que resolver si se impone una multa a España -la tendrían que abonar las instituciones vascas- por no haber recuperado el 100% de los incentivos y sus intereses, como ha pedido la Comisión a través de una denuncia. La multa supera ya los 40 millones. Según cálculos no oficiales -las Diputaciones se resisten a hacer públicos los datos sobre empresas favorecidas, ayudas concedidas y las cantidades devueltas-, aún faltaría por recuperar el 87% de los incentivos fiscales, unos 569 millones de euros.