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Los desterrados del crac inmobiliario

Siete familias gallegas son desahuciadas de sus casas cada día por impagos

Ningún gallego perdió su vivienda ayer. Era domingo y los juzgados no trabajaban. Pero hoy los servicios judiciales llamarán a la puerta de siete nuevas familias para entregarles sus respectivas órdenes de desahucio. Un drama que, desde 2007, se ha repetido en Galicia en 6.700 ocasiones. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, solo en el primer trimestre de 2011, 628 viviendas pasaron a manos de bancos y cajas por impago de sus propietarios. Un 23% más que en el mismo periodo del pasado año. Y las previsiones apuntan a que lo peor está aún por llegar. Lo que durante décadas fue considerado anecdótico patrimonio de la periferia social, la crisis y el lobby de los créditos milagro lo han transformado en el drama más amargo y silencioso de los nuevos pobres, los desheredados del desplome del ladrillo.

Los afectados se sienten como delincuentes: "Somos humanos, no parias"

Los 'sin techo' de reciente aparición suelen ser familias trabajadoras

En la nomenclatura bancaria, sus historias se resumen con eufemismos que evolucionan desde el calificativo que advierte al adjetivo que denigra: tras un mes sin pagar, uno se convierte en "irregular", a los tres meses es "dudoso" y a los seis es ya oficialmente "moroso". El banco inicia el proceso de ejecución hipotecaria y en un año tu casa es suya. Y sin haber pisado un juzgado.

Aunque tampoco es que la ley parezca entender mucho de justicia. Los retratos y biografías que siembra la bancarrota inmobiliaria hablan poco de especulación o avaricia y mucho de desinformación y engaño. Los sin techo de reciente aparición son, casi siempre, familias trabajadoras que, sin saberlo, hipotecaron su futuro y el de sus hijos a los caprichos innegociables de una dictadura, la del Euribor, que nadie les describió, y a la explosión de una burbuja, la inmobiliaria, que banca, medios y administraciones negaron con evidente fervor.

En Galicia, un cóctel de desesperación y coraje convirtieron a María José Álvarez en el rostro y la voz que denunció "la estafa" cuando "estar embargado era como ser un leproso". La moañesa inauguró las movilizaciones contra las entidades financieras y fue la primera gallega en revelar su situación ante la prensa. Pero su historia, dice, es como la de los demás. "Lo que me interesa es que se explique qué están haciendo los bancos con nosotros". Su pesadilla comenzó cuando tanto su nómina como la de su pareja dejaron de registrar ingresos. Las facturan comenzaron a amontonarse. "Si el empresario no te paga porque él tampoco cobra, ¿qué puedes hacer tú? Dependes de los demás". Al llegar al punto de tener que elegir entre comer o pagar la hipoteca, el matrimonio trató de negociar con La Caixa la concesión de un préstamo de 12.000 euros para que, sumados a los 70.000 de la venta del inmueble, se saldara su deuda. Pero la entidad se negó, pidió la ejecución de la hipoteca y se adjudicó la casa por 67.400 euros. Ahora la vende en Servihabitat, su servicio inmobiliario, por 82.300 euros. "Estamos sufriendo una usura financiera. A los bancos no les interesa encontrar una solución, no les interesa la igualdad, quieren tener a la población con la soga al cuello para poder hacer con nosotros lo que quieran".

María José lucha ahora porque la conciencia social y la movilización ciudadana inviertan las estadísticas. Y lo cierto es que el eco de historias como la suya propagaron, al amparo de las asambleas del 15M, las proclamas y actividades de movimientos como Stop Desahucios. En A Coruña, donde se encuentra la delegación más activa de esta plataforma en Galicia, sus miembros ejercen, entre otras cosas, de mensajeros de la tragedia de los que acuden a ellos para desahogarse. "Les recordamos que son las víctimas, no los culpables de su situación", explica José Miguel, miembro del colectivo, "creemos que la mejor manera de solucionar sus problemas es que los cuenten, pero la gente se niega a visualizarlos por vergüenza, porque sienten que fracasaron".

Por eso, M. prefiere no revelar su nombre. A la pérdida de su vivienda, suma el robo de su dignidad. "Lo más sangrante es que te tratan como a una apestada, como a una delincuente. Y yo no robé. No maté a nadie. Somos seres humanos, no parias, pero, por desgracia, aún funciona lo de "si le quitaron la casa será por algo". Pero M. es, como tantos otros en su situación, una expatriada de la clase media. Jamás se había imaginado teniendo que entregar las llaves de su casa. Hasta que cierto día, alguien decidió que a sus 49 años era demasiado vieja para trabajar. De nada valieron los continuos despliegues de currículos y las interminables rondas de entrevistas.

Sin empleo, pagar los 700 euros que se tragaba la hipoteca cada mes le resultaba imposible. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) no se apiadó. A pesar de los intentos de la propietaria por llegar a un acuerdo con el organismo dependiente de la Xunta, este descartó cualquier alternativa distinta del desahucio. Incluso, que M. permaneciera en la vivienda en régimen de alquiler. Por si fuera poco, durante meses, y hasta que el desalojo se hizo efectivo, M. tuvo que soportar, además, el bochorno diario de una funcionaria que, "aporreando la puerta", la instaba a gritos a abandonar el inmueble.

Desesperada, trató entonces de encontrar ayuda en la justicia gratuita. Tras un plazo relativamente breve, le fue asignada una letrada de oficio que, sin embargo, no hizo sino más honda la herida. "No se dignó a realizar ni la más mínima gestión, alegando, entre otras cosas, que yo no daba el perfil de desahuciada". La pasividad de la abogada era de tal calibre que M. ni siquiera sabía cuando tendría que abandonar su vivienda. Durante horas, atisbaba tras la cortina, esperando que un taxi del juzgado parara junto a su portal. "Aún recuerdo la angustia que padecí, atenta al más mínimo ruido que escuchaba en la escalera, cada vez que sonaba el ascensor. Bajaba a comprar el pan y no sabía si al llegar iba a poder entrar en mi casa. Psicológicamente esto acaba por minarte". Al final, decidió abandonar voluntariamente su propiedad antes de que la echaran por la fuerza. "Tuvimos que hacer la mudanza en un tiempo récord para evitar espectáculos".

Pero en su equipaje siguieron ocupando espacio las complicaciones y los absurdos. "Para acceder a un alquiler necesitas disponer de una fianza, cuando no de un aval bancario, requisitos que, dada tu situación, es obvio que no tienes". Gracias a los amigos "y las casualidades", ha conseguido encontrar un piso en el que vivir. Pero sigue desempleada y el pago del alquiler se le hace casi imposible. "Lo peor es que aún sigo sobresaltándome cuando oigo un timbre o la puerta de algún vecino cerrándose con cierta fuerza. No puedo olvidar lo que viví".

Gente sin pisos y pisos sin gente

Aunque la subasta de la casa de Esther, una vecina del barrio coruñés de Eirís, estaba prevista para hoy, la ausencia de un abogado de oficio que ejerciera su defensa en el proceso aplaza temporalmente el último escollo de su desahucio. El banco Santander, que llevará a cabo la venta, le proporcionó un crédito de 78.000 euros cuando el acceso a la deuda era un producto más de consumo.

Durante cinco años, Esther y su marido realizaron los pagos de la hipoteca en tiempo y forma. Jamás debieron nada. Pero en 2008, la pareja perdió sus empleos y se divorció. De aquella, aún debían 75.000 euros al banco, por lo que Esther le ofreció su piso, tasado en 105.000, para finiquitar la deuda. Pero la entidad se negó a aceptarlo. Ahora, los gastos judiciales y unos intereses del 24% engordaron su adeudo hasta los 120.000 euros, por lo que no solo ella, sino también sus exsuegros, que la avalaron, pueden perder su casa. Una tragedia cada vez más frecuente que llevó a diferentes colectivos de todo el Estado a presentar una Iniciativa Legislativa Popular, admitida a trámite por la Mesa del Congreso el pasado viernes, en la que reclaman que se modifique la ley hipotecaria con la inclusión de, al menos, tres aspectos: la dación en pago retroactiva, es decir, que aquellas personas que no pueden pagar la hipoteca por causas ajenas a su voluntad cancelen su deuda al entregar su vivienda; una moratoria en los desahucios de las familias con problemas económicos y la reconversión de los miles de inmuebles vacíos y embargados en viviendas de alquiler social. Ahora, si el Senado da su visto bueno antes de la disolución de las Cortes el día 26 de septiembre, solo 500.000 firmas separarán sus peticiones del debate de las mismas en el Congreso. Mientras tanto, el día 25 las principales ciudades del país acogerán diversas manifestaciones por "el derecho a una vivienda digna".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de septiembre de 2011

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