Huelga indefinida en la recogida de basura de Alicante
Inusa no paga la nómina y debe unos 700 euros en atrasos a cada operario
La recogida diaria de basura en las calles de Alicante afronta una convocatoria de huelga indefinida, en plena temporada turística y con el calor de final de agosto. El comité de empresa de la concesionaria acordó convocar una huelga "indefinida" a partir del próximo día 28 de agosto por la noche.
La protesta está motivada, según Pedro García, presidente del comité de empresa, por "el impago" del anticipo de la última nómina, y los constantes "atrasos" del incremento salarial pactado en el convenio firmado en 2010. En resumen, los 600 operarios que integran la plantilla no han cobrado la primera parte de la nómina correspondiente al mes de agosto, (unos 500 euros que perciben cada día 15), pero además la empresa debe a cada empleado otros 600 o 700 euros del último año y medio, correspondientes a los atrasos del incremento del 1,80% firmado en el convenio vigente. "Llevamos arrastrando el problema desde el mes de marzo, y los operarios ya no pueden más", admitió.
El Ayuntamiento debe 30 millones de euros a la empresa por servicios extra
Los sindicatos responsabilizan tanto al Ayuntamiento, que preside Sonia Castedo, del PP, como a la empresa de esta situación "insostenible". Un operario ironizaba ayer: "Al final pretenden que trabajemos gratis", se quejó este empleado que recordó la maltrecha nómina que perciben que ronda los 1.000 euros.
La contrata de Inusa, cuyo consejo de administración preside el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, está participada en un 35% por FCC, en otro 35% por Cespa y el resto por el contratista alicantino, ronda los 40 millones de euros anuales. La empresa aduce problemas económicos por la deuda de unos 30 millones de euros por parte del Ayuntamiento. Los trabajadores consideran que la nómina de agosto "está en peligro", por eso entienden como "necesaria" la convocatoria de a huelga.
Los servicios mínimos fijados por los sindicatos garantizan la recogida en los centros sanitarios, colegios, mercados municipales y un retén de guardia con tres operarios en caso de accidente o de urgencia.
Por su lado, el concejal de Atención Urbana del Ayuntamiento, Andrés Llorens, del PP, atribuyó estos problemas a la "crítica situación financiera" de los Ayuntamientos, que mantienen servicios y han reducido ingresos. "Todo es por la asfixia económica a la que nos somete Zapatero", espetó el edil, que aprovechó la ocasión para criticar al presidente del Gobierno, y recordó que en otros ayuntamientos la situación es "todavía peor", con despidos e incluso la suspensión de servicios básicos.
En el caso concreto de Inusa, Llorens reconoció una deuda de unos 30 millones de euros, debido a la ampliación de contratos extras como las nuevas prestaciones en las nuevas áreas residenciales de Alicante. El edil aseguró, sin embargo, que las liquidaciones ordinarias mensuales se "van pagando con regularidad". Y como ejemplo indicó que ayer mismo ordenaron el pago a Inusa, que será efectivo en unos días, de 2,7 millones de euros correspondientes a la última certificación. "Esperemos que así se evite la huelga, que no es deseable para nadie", concluyó Llorens.
Por su lado, Pablo Rosser, concejal del PSOE, lamentó que la "mala gestión" del PP la estén sufriendo los trabajadores y los alicantinos. Rosser exigió tanto a la empresa como al Ayuntamiento una solución que evite la huelga. "No sería razonable que se exija sólo a la empresa concesionaria cumplir exhaustivamente con la contrata, si el Ayuntamiento incumple con los plazos en sus pagos a Inusa", dijo Rosser. Y Esquerra Unida lamentó que la empresa "use a los trabajadores como rehenes" para presionar al Ayuntamiento.
