El daño por el robo de la caja de San Fernando superó los nueve millones

La Cámara de Cuentas de Andalucía sostiene que los responsables directos del desfalco detectado en 2009 en la caja municipal de San Fernando (Cádiz) fueron los dos funcionarios que trabajaban con el dinero, María José Lebrero y Clemente Ruiz. Se basa en que ambos están imputados en la causa abierta penal por este robo. Pero también considera responsables subsidiarios a los dos ex alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, los dos últimos interventores y a la tesorera municipal. El órgano fiscalizador, que escuchó ayer las versiones de todos, ha revelado que el perjuicio del robo es superior al inicialmente previsto, ya que, a los 7,8 millones de euros desaparecidos, se le añaden otros 1,6 de intereses.

La sustracción se descubrió en 2009, en una inspección rutinaria

Según el informe elevado ayer por la Cámara andaluza al Tribunal de Cuentas, el importe exacto del desfalco es de 7.790.515,79 euros, a lo que se suman intereses por valor de 1.681.755,31 euros, lo que eleva la cifra de liquidación provisional a 9.472.271,10 euros. El daño, por tanto, es más grave de lo contabilizado en su inicio.

El robo se descubrió en abril de 2009, cuando en una inspección rutinaria del órgano fiscalizador autonómico se observaron irregularidades. Fue el entonces alcalde, el andalucista Manuel María de Bernardo, el que denunció los hechos ante la Policía en compañía del interventor y la tesorera municipales. Poco después los dos cajeros del Ayuntamiento, Lebrero y Ruiz, fueron detenidos como presuntos autores materiales. Según se supo después, las sustracciones habían comenzado en 2002, cuando era alcalde, Antonio Moreno.

Ahora la Cámara de Cuentas introduce un nuevo aspecto que ya se reflejó en algunos informes policiales recogidos en el sumario: la falta de control de la caja municipal. Por eso este órgano ha llamado a declarar como responsables subsidiarios del desfalco a los dos ex alcaldes, los dos últimos interventores y la tesorera. El abogado de Clemente Ruiz, José Luis Tellado, mostró ayer su satisfacción moderada por la resolución de la cámara andaluza. "Para dictar la responsabilidad directa se han basado en la instrucción penal pero, al menos, introduce que pudo haber otros responsables", sostuvo. Su cliente mantiene que él no fue el causante de la desaparición del dinero.

La investigación auspiciada por la Cámara de Cuentas es paralela a la instrucción penal, que sigue el juzgado número dos de San Fernando. Los dos únicos imputados siguen siendo los funcionarios que trabajaban en la caja, Lebrero y Ruiz, aunque las investigaciones se centran en la labor de este último y cómo pudo robar el dinero en cantidades pequeñas y camuflarlas en su empresa inmobiliaria mediante operaciones ficticias. Es la tesis de la Policía pero quedan lagunas como la falta de control de la caja, de la que desapareció un montante considerable, al menos desde 2002 y durante siete años.

Clemente Ruiz salió a principios de este mes de la cárcel y defendió como ayer en la Cámara de Cuentas su inocencia. Según su versión, él fue el que detectó problemas en los arqueos. Avisó a sus superiores pero nadie le hizo caso. Su teoría es que no hubo un robo sino una absoluta dejadez por parte de los gestores municipales, los interventores y la tesorera a la hora de controlar el dinero que entraba en la caja, lo que dio pie a los descuadres detectados.