Dos años de lista de espera para concebir un bebé... o a la privada

Cuando a Paloma González le dijeron que tenía que esperar más de un año para someterse al tratamiento de reproducción asistida que necesitaba se desesperó. El tiempo se le estaba echando encima. A sus 38 años y medio, le quedaba poco margen para acceder a esta prestación por la sanidad pública, donde el límite establecido para estos tratamientos es de 40 años. Una edad que a muchos, y cada vez más, se les queda corta. Sobre todo si se tiene en cuenta que las españolas son madres, de media, a los 29 años, la cuarta edad más tardía de los países de la OCDE. Y sin embargo, el plazo que le dieron a González no era de los peores. Hay parejas que deben esperar dos años para acceder a la primera consulta, según los datos del informe 2011 sobre reproducción asistida de Adeces (Asociación Proderechos Civiles, Económicos y Sociales) hecho público ayer.

El límite de acceso para la prestación pública está fijado en los 40 años

Solo tres centros del sistema ofrecen la donación de ovocitos

Unas 800.000 parejas tienen problemas de infertilidad en España, según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Algunas de ellas (el 30%) logra concebir con la ayuda de fármacos o del coito programado. El resto necesitará someterse a tratamientos de reproducción asistida: desde la inseminación artificial o la fecundación hasta técnicas menos comunes, como la ovodonación (en la que se emplean los óvulos de una donante, se fecundan y luego se implantan en la paciente). En 2009, unas 50.000 mujeres recurrieron a alguna de estas técnicas, según la SEF. Muchas de ellas en la sanidad privada, en la que el límite de edad (50 años) y de intentos -en la pública se hacen un máximo de dos intentos en la mayoría de las comunidades- es más asumible.

La radiografía de Adeces sobre la situación de las técnicas de reproducción asistida muestran un avance en toda España. Hay más centros públicos y los tiempos de espera en algunas especialidades se han reducido. De ser absolutamente escandalosos han pasado a ser algo menos penosos. Es el caso de la fecundación in vitro, una técnica para la que se registraba una lista de espera máxima de cuatro años en 2008 (fecha del anterior informe), se ha reducido a dos. Sin embargo, el tiempo medio sigue siendo similar: 145 días para una inseminación con semen del cónyuge y 399 para una in vitro.

Tiempos que terminan empujando a las mujeres a la sanidad privada, en la que no hay que esperar para acceder a los tratamientos pero el coste es muy alto. Un ciclo (intento) de inseminación artificial con semen del cónyuge cuesta, de media, 630 euros y una fecundación in vitro, 4.119. González y su esposo esperaron el año que les tocaba para inseminarse. "Lo intentamos por la pública dos veces, el máximo que nos permitían, pero no funcionó. Así que nos fuimos a la privada", cuenta. Al final, tras un intento más por inseminación artificial, los médicos le recomendaron una fecundación in vitro. "Por suerte pudimos permitírnoslo. Y, todavía más suerte, funcionó a la primera implantación", ríe.

Encarnación Sánchez, presidenta de la asociación para los problemas de fertilidad Asproin, cree que el sistema público es "deficitario". "Solo para que te den un diagnóstico puedes tardar un año en la sanidad pública. Y eso, para muchas personas es inasumible", dice. Como también lo son los costes de la privada para muchas parejas. Porque al tratamiento por sí mismo hay que añadir, además, el coste de la medicación, que, como mínimo, supone 150 euros, aunque puede llegar a costar hasta 2.500.

A Pilar Flores se lo cubría todo el seguro que tiene como funcionaria. "Desde el diagnóstico a la fecundación in vitro", cuenta. Empezó el tratamiento con 36 años. Primero con medicación y coitos programados, luego con inseminaciones (se hizo hasta seis) y más tarde a través de técnicas de fecundación in vitro. "Nada dio resultado, por más que lo intentábamos no lo conseguimos", recuerda. Al final, tras más de año y medio de inyecciones de óvulos, de tratamientos y medicación dejó de probar.

Lola B. tampoco siguió adelante. Su caso era más complejo. Tras una menopausia precoz a los 37 años ya no le quedaban óvulos para ser madre. Logró cita en la sanidad pública. Lo intentó con inseminación artificial, tras una estimulación farmacológica, pero no logró quedarse embarazada. "El médico me dijo que el único recurso que me quedaba era recurrir a la donación de ovocitos, pero la situación ya se me hizo demasiado complicada y el dinero me echó para atrás", dice. La dificultad de la que habla Lola es clara: solo tres centros públicos -en Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana- disponen de la técnica de ovodonación; y en la privada este tratamiento cuesta, de media, 6.267 euros.

José Antonio Castilla, secretario general de la SEF y responsable de la Unidad de Reproducción del Virgen de las Nieves de Granada, admite que la sanidad pública no llega a cubrir la demanda de los pacientes. "Además, no creo que vaya a hacerlo nunca porque lo que marca la demanda es el estilo de vida y las mujeres van a seguir queriendo tener hijos a los 38 años", dice. Además, a estos límites se añade ahora la situación de crisis, en la que es prácticamente impensable incrementar recursos para estas técnicas. Y no solo eso, algunas comunidades que, como Murcia, brindaban tres intentos de inseminación a las parejas lo ha reducido ahora a dos.

Castilla cree que para mejorar y llegar a más pacientes el sistema público necesita una reforma. Sostiene que se debería intentar poner en práctica el conocido como modelo belga. "En el que se transfiere a la mujer un solo embrión pero se le da más intentos. Así se reducen los embarazos múltiples, más costosos y más peligrosos", explica. En España, la tasa de partos múltiples está en un 30%, un porcentaje demasiado alto.

Pero, además de los costes y los tiempos, el informe de Adeces también pone el acento en otra realidad, la de las lesbianas o las mujeres que deciden afrontar la maternidad en solitario -un colectivo que, según la SEF, representa al 3% de todas las que se someten a tratamientos de reproducción asistida-. Mujeres que no pueden acceder a estas técnicas en la sanidad pública de Murcia, Asturias o Cataluña, regiones que han llevado al extremo el concepto de infertilidad como enfermedad y en las que consideran que para acceder a la financiación pública uno de los dos miembros de la pareja debe ser estéril.