Un 'mosso' declara ante el juez por detención ilegal de dos miembros de un club de cannabis

La lucha de los Mossos d'Esquadra contra los clubes de marihuana, a los que acusa de ser una tapadera para el tráfico de drogas, se está volviendo en contra del cuerpo. Juan José G. P., cabo que participó en la detención de dos miembros de una asociación de Sitges, declaró ayer como imputado ante el juez por detención ilegal, acusado de coacciones al decir a los detenidos que, si declaraban sin abogado, "la cosa acabaría pronto". El mosso negó las acusaciones.

Los Mossos detuvieron el 3 de febrero a dos ciudadanos holandeses socios de la delegación de Sitges de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) por un presunto delito de tráfico de marihuana. Donald A.S., de 55 años, era el responsable del local. Morris S., un socio. Las detenciones quedaron sin efecto y el juzgado de instrucción de Vilanova i la Geltrú archivó el caso el 4 de abril. Según las investigaciones, los holandeses carecían de licencia y al local acudían personas a comprar droga, no solo a cultivarla. Sin embargo, el juez consideró que la comisión del delito no estaba "debidamente justificada" por la policía. La asociación contraatacó y acusó a los Mossos de haber practicado una detención ilegal. Según su denuncia, los dos hombres fueron retenidos cinco horas en comisaría por haberse negado a declarar. El cabo defendió que habló con ellos sin la abogada porque habían mostrado "una actitud de colaboración" y afirmó que solo pretendía "informarles de la situación".El Código Penal castiga el cultivo, la venta y el tráfico de marihuana con penas de tres a seis años de prisión. En lo que va de año, los Mossos d'Esquadra han actuado en tres ocasiones contra asociaciones de consumo con el argumento de que, bajo el disfraz de un mero club de consumidores, se escondía tráfico subterráneo de drogas. En Cataluña existen unas 40 entidades de esa clase. El año pasado, la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo presentó una solicitud para inscribirse en el registro de entidades del Departamento de Justicia. Como el encaje de estas entidades en el marco legal es complejo, Justicia pidió un informe a Interior, que fue contundente: su actividad es ilícita y debe ser prohibida. Pero el club recurrió a la fiscalía, que, contra el criterio policial, dio luz verde al registro.

El ministerio público argumentó que debe respetarse el derecho de asociación. Eso no excluye, añade el informe, que si los Mossos descubren indicios delictivos en la actividad de los clubes, puedan intervenir. Es lo que sucedió en la operación policial de febrero contra la delegación de Sitges.

Pese a que la juez ha archivado la investigación de ese local por tráfico de drogas, los Mossos siguen creyendo que algunos de los clubes son una tapadera para el tráfico de marihuana. El autoconsumo, insisten, no es el único fin que los mueve. Las investigaciones han puesto de relieve que detrás de los locales aparecen personas originarias de los Balcanes que tienen contactos con propietarios de coffee shops en los Países Bajos, donde el consumo no está penalizado.

En la querella presentada por la asociación, los detenidos también acusan a los Mossos de haber tomado unos 100 carnets de socios en la delegación de Sitges y haber aprovechado esos datos para ponerse en contacto con ellos. Añaden que algunas de esas personas fueron "citadas personalmente y emplazadas o coaccionadas a declarar en contra de las actividades de la asociación". Los Mossos les advirtieron, según la demanda, de que no debían regresar a la asociación, a riesgo de acabar imputados. Por ello, también denuncian al cuerpo de policía por "vulnerar el derecho a la intimidad" de los clientes.

Los demandantes fueron citados a declarar en comisaría, aunque no supieron si como testigos o como imputados. Charlaron sin su abogada con el cabo Juan José G. P., que ayer admitió haberles hecho esa propuesta. Los afectados acusan al policía de haberlos llevado a los calabozos como represalia por acogerse a su derecho a no declarar. En la querella pedían también que se suspendiera al cabo de empleo y sueldo.