Las inversiones privadas previstas por la Junta se atascan en el Gobierno

Cuando falta un mes para que se cumpla la fecha anunciada por la Junta para licitar un importante paquete de obras de infraestructuras por valor de 2.676 millones de euros, la Administración autonómica sólo ha logrado adjudicar un proyecto de colaboración público-privada por valor de 200 millones de euros: el tramo Iznalloz-Darro de la A-308. Además, están en puertas para su adjudicación y licitación la ampliación de los puertos deportivos del Marbella-La Bajadilla y Carboneras, respectivamente. Otros seis proyectos por importe de más de 800 millones de euros se encuentran atascados en una red burocrática que se ha tejido en torno a esta nueva fórmula de financiación de las obras públicas mediante la colaboración público-privada, que consiste, básicamente, en que la iniciativa privada las construye y financia y la Administración las paga posteriormente mediante concesiones de mantenimiento y servicio a largo plazo.

El Estado dice que su autorización "no es vinculante ni preceptiva"

Según la Junta, "hay tres grandes actuaciones (un tramo de la Autovía del Olivar, otro de la Autovía del Almanzora, así como la Ronda Norte de Córdoba) que tienen desarrollado todo el trámite técnico-administrativo (estudios de viabilidad, anteproyectos, información pública y ambiental y proyectos) y que han sido ya remitidos a la Consejería de Hacienda para su conformidad y remisión posterior al Consejo de Gobierno para su autorización". Además, han sido remitidos los proyectos de la variante este de Mancha Real (Jaén), el acondicionamiento de la A-8125 Arahal-Morón (Sevilla) y el acceso a Granada por Jun. En total, obras por valor de más de 802 millones de euros.

En la Consejería de Hacienda afirman que esos proyectos de obras están remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda, para que la Intervención General del Estado dé su visto bueno "al objeto de cotejar el cumplimiento y la adecuación de los proyectos al manual SEC 95 (Sistema Europeo de Cuentas) y a las disponibilidades presupuestarias futuras".

Pero lo más llamativo es que, desde el Ministerio de Hacienda se devuelve la pelota y se aporta una versión que deja en el limbo de la burocracia las inversiones previstas y anunciadas a bombo y platillo por el presidente andaluz el 10 de junio de 2010 ante más de un centenar de empresarios y una treintena de entidades financieras.

Según un portavoz del ministerio, la competencia de estas licitaciones corresponde a las comunidades autónomas y "no hay ninguna obligación legal" para esperar la autorización del ministerio ni de la Intervención General del Estado (IGE), que "ni es vinculante ni preceptiva". Estas mismas fuentes indicaron el ministerio, a través de la IGE "está recibiendo los pliegos de las licitaciones para revisarlos y prestar una colaboración de asesoramiento técnico". Agregaron que "al ser una fórmula de financiación de obras públicas novedosa, Bruselas las está vigilando" para "definir y clarificar los efectos contables" en las cuentas públicas. Y concluyeron: "No hay plazos para contestarlas porque no hay obligación legal".

Curiosamente, el pasado jueves, el ministro de Fomento, José Blanco, anunció que su departamento prevé licitar obras en este ejercicio por importe de 5.000 millones de euros, que corresponderían a proyectos a financiar con la colaboración del capital privado a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI).

Fuentes empresariales andaluzas han señalado que son muchas las dificultades que se plantean en la mayoría de los pliegos de licitación que se están intentando consensuar con la Junta para su adjudicación por este sistema. Agregaron que, en el caso del Ministerio de Fomento, la colaboración es diferente, sobre todo en los casos de infraestructuras ferroviarias donde participan empresas públicas como Adif, cuya fuente de ingresos en gran parte proviene de la ulterior gestión de dichas infraestructuras y que participa en estas inversiones junto a otras empresas privadas.

En medio de este marasmo, desde el empresariado andaluz de la obra pública se sostiene que el Gobierno central ha puesto freno a este modelo de financiación público-privado por entender que suma endeudamiento y que Bruselas no se lo permitiría.

El Círculo de Empresas Andaluza de Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) sostiene además que esta fórmula "es mucho más cara para la sociedad, más del doble", afirmó su presidente Enrique Figueroa, quien se apostó un almuerzo con varios periodistas el pasado miércoles a que la única obra adjudicada en Andalucía no comenzará a construirse antes del verano del 2012. Figueroa concluyó en que el modelo está abocado "al fracaso".