Illa de Arousa, a precio de oro

Vivir en A Illa de Arousa era bastante más caro después de la construcción del puente. Una revalorización del suelo que casi se multiplicó por diez tras la aprobación del Plan de Ordenación Urbana en 2002, que impuso fuertes restricciones a la expansión del ladrillo. Pero ahora, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) reduce en un 70% aquellas previsiones, lo que elevará a precio de oro los pocos terrenos donde se permite construir. Una licencia que, además, tendrá carácter autonómico, relegando las competencias en urbanismo del Gobierno local.

Las previsiones del POL han provocado una rebelión entre los habitantes del único municipio insular de Galicia y han unido al PSdeG, en el Gobierno local, al PP y al BNG. Los tres partidos consensuaron las alegaciones al plan de la Xunta pero todas fueron desestimadas y sin posibilidades de negociación. Ahora, el grupo de Gobierno socialista ha emprendido acciones judiciales contra la Xunta para evitar que el urbanismo del municipio "sea una decisión discrecional del conselleiro o la conselleira de turno". Será el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) el que decida si las normas autonómicas vulneran los derechos adquiridos por los vecinos, que están pagando como suelo urbano lo que se convertirá en rústico, y si invade el principio de autonomía municipal. Porque los territorios que no están afectados se incorporan a un fichero de la Xunta, bajo unos criterios aún sin definir, en los que no podrá decidir el Ayuntamiento.

Políticos y vecinos pretenden que sean los tribunales los que reconozcan la viabilidad del planeamiento municipal, donde implícitamente ya se recoge la definición de "singularidad" de la isla. Un tratamiento especial que por su propia orografía y las características del territorio insular, en su mayor parte no apto para la creación de nuevos núcleos urbanos, puso techo al crecimiento hace ya nueve años. Pero la "singularidad" de A Illa de Arousa está sin concretar en el planeamiento autonómico pese a los intentos de hacerlo por parte del Gobierno insular, que solicitó una reunión con el director general de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, y la secretaria general de Urbanismo, Encarna Rivas.

De las 108 hectáreas que el Ayuntamiento contempló en sus previsiones de crecimiento y cuyas ordenanzas permiten construir en sus principales calles un máximo de edificabilidad de bajo, dos alturas y bajo cubierta, la normativa autonómica sólo deja 32 abiertas a futuras licencias, además, en zonas que están urbanizadas. Pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG podría tardar años en resolver el recurso y mientras tanto, el Gobierno local tiene claro que será el plan de urbanismo municipal el que regule la construcción y no las normas de la Xunta. La solución convertiría al Ayuntamiento en infractor, una medida que podrían imitar otros municipios costeros en similares circunstancias donde el impacto del POL es notable. Es el caso, por ejemplo, de O Grove, que tampoco descarta la vía del contencioso, o Sanxenxo, también molesto con el bloqueo urbanístico impuesto por la Xunta.

Con un crecimiento vegetativo positivo y una población de 5.020 habitantes, que casi se triplica en verano, la propiedad en A Illa también tiene sus peculiaridades, que quedan perfectamente reflejadas en un curioso plano del catastro, donde cientos de rayas casi imperceptibles delimitan minúsculas tiras de terreno que apenas tienen un metro de fachada. Por tradición, en A Illa la tierra se divide en partes iguales entre los herederos, por lo que cada vecino puede ser propietario de varias fracciones y hay que ponerse de acuerdo para reunir la superficie necesaria donde poder construir. El impacto del POL, en términos económicos, convertirá a la mayoría de los isleños en bastante más pobres y a unos pocos mucho más ricos. "Aquí todo el mundo está afectado porque la propiedad está muy dividida y la gente no entiende de ideologías cuando le tocan su patrimonio", afirma el alcalde, Manuel Vázquez.