Lissavetzky disolverá la empresa mixta Calle 30 si es alcalde

La sociedad mixta Madrid Calle 30 supone "un gasto superfluo, innecesario, que ha nacido con el único objetivo de camuflar la deuda de Gallardón", aseguró ayer el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Jaime Lissa-vetzky. En un escenario bastante incómodo -una isleta rodeada de varias carreteras-, pero apropiado -justo frente a la sede de la empresa, en Méndez Álvaro- para la promesa electoral en cuestión, el candidato aseguró ayer que, de ser el próximo inquilino del Palacio de Cibeles, se compromete a disolver la sociedad mixta y convertirla en "una empresa absolutamente municipal".

Lissavetzky explicó que esta sociedad se creó en el año 2004 y a los pocos meses se incorporó un 20% de capital privado (procedente de las empresas que construyeron la M-30), que Gallardón justificó por el ahorro de costes en la gestión de la vía. "Pero no solo no se ha ahorrado, sino que nos ha salido caro", denunció el candidato. Lo ejemplificó con las cifras de 2010. El canon que el Ayuntamiento pagó el año pasado a la empresa fue de 350,9 millones de euros. Según sus cálculos, si la gestión hubiese sido municipal, esa cantidad se habría reducido a 183 millones de euros (en gastos necesarios: mantenimiento de la vía, amortización e intereses de la deuda...). O lo que es lo mismo, solo el año pasado se podrían haber dejado de gastar 168 millones.

500 millones de ahorro

Las empresas y las Administraciones públicas tributan de manera diferente. La gestión municipal hubiera ahorrado IVA, impuesto de sociedades, tasas... Contando los últimos cinco años, las arcas municipales se podrían haber ahorrado más de 500 millones, por lo que Lissa-vetzky concluyó que Calle 30 ha supuesto "una sangría inútil de los recursos municipales". El candidato aseguró que si llega a ser alcalde y disuelve la empresa, sus 14 trabajadores "serían reubicados en los servicios municipales correspondientes".

El Ministerio de Economía y Hacienda autorizó en diciembre pasado al Ayuntamiento la subrogación de los cerca de 2.300 millones de la deuda de Calle 30. Es decir, daba permiso al Consistorio para asumir directamente en su patrimonio la deuda, en lugar de hacerlo a través de la empresa Madrid Calle 30. Conseguía así un ahorro de unos 100 millones de euros anuales en forma de reducciones fiscales, básicamente de IVA. Lissavetzky aseguró que Gallardón "ya ha reconocido su error" al pedir la subrogación y que "debe seguir reconociéndolo para que los madrileños no paguen sus errores".