Sanidad responsabiliza a Inclán del 'caso Margüello'
El viceconsejero cree que la trama estaba prediseñada
No debería llamarse caso Margüello, sino caso Inclán. Con esta rotundidad sintetizó ayer su opinión sobre las supuestas irregularidades en Sanidad durante las pasadas legislaturas el actual viceconsejero, Jesús María Fernández, quien apuntó que el conjunto de presuntas deficiencias "no se pudo hacer sin el conocimiento y posiblemente la autorización de las máximas autoridades del Departamento de Sanidad" con el anterior, cuando lo encabezaba el peneuvista Gabriel Inclán.
Fernández dio ayer el paso al frente al que nadie en el Ejecutivo se había atrevido en los 22 meses que han pasado desde que se conocieran las presuntas irregularidades en contratos de Sanidad con varias empresas relacionadas con el ex jefe de Calidad de Cruces, José Carlos Margüello, un amigo de Inclán.
El PNV renuncia a preguntar al viceconsejero y se reserva para Bengoa
Fernandez apunta que el exdirector de Vizcaya era "el eslabón necesario"
Fernández apuntó a Inclán sin ambages dos días después de que el exconsejero acusase a socialistas y populares de utilizar la comisión como "tapadera" para ocultar el "fracaso" del actual departamento. Además, pidió a Inclán que aclare su gestión entre 2005 y 2008, rechazó las críticas sobre la "doble vara" de medir entre su consejería y la anterior y retó a Inclán: "Si tiene alguna sospecha de que en esta legislatura se está cometiendo algún tipo de irregularidad, que lo denuncie".
El PNV respondió a Fernández minutos después de terminar su paso por la comisión. En una breve comparecencia ante los medios en la que no admitieron preguntas, las parlamentarias peneuvistas Nerea Antia y Eider Mendoza ratificaron las críticas de Inclán al "montaje" del caso, llamaron la atención sobre el "nerviosismo" que han generado en las filas del Ejecutivo, el PSE y el PP las palabras del exconsejero y enumeraron los frentes que tiene abiertos el departamento. Ninguna de ellas formuló preguntas a Fernández en la comisión, al espera de que el consejero, Rafael Bengoa, acuda a la misma el próximo lunes.
En su comparecencia, el viceconsejero reiteró que ha habido un quebranto económico por unas actuaciones "prediseñadas", pero matizó que no se puede cuantificar. Diversos contratos costaron 33,5 millones de euros. Entre las cifras más llamativas aportadas ayer, destaca que si el actual departamento no hubiese anulado la orden de tarifas de 2009, la atención domiciliaria urgente de Guipúzcoa hubiese experimentado un incremento acumulado de la tarifa inicial de 2005 cifrado en el 80%. La orden fue aprobada por Inclán en marzo, cuando no suelen publicarse hasta el verano.
Fernández mantuvo el planteamiento que ya hizo en la Cámara cuando en mayo de 2010 compareció por primera vez ante el grupo de trabajo: existía una trama y existía un monopolio. Desde 2002 no hay empresas concurrentes más allá de las tres de Margüello: Medical Dom, Gestión de Servicios Sanitarios XXI y Rehabilidom.
Y destacó que el exdirector de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga, quien realizó el procedimiento de autorización necesario para que Gestión de Servicios Sanitarios XXI contratara con Sanidad, era "el eslabón necesario en este plan". La autorización fue declarada nula de pleno derecho en 2010 por la Comisión Jurídica Asesora.
Pese a los movimientos de Elorriaga, Fernández volvió a apuntar a lo más alto de la jerarquía sanitaria en 2006 y explicó que el procedimiento de emergencia con el que se hizo el contrato obligó al Gobierno de Ibarretxe a convalidarlo para poder pagar, pues la Oficina de Control Económico congeló los pagos.
7.500 personas en riesgo
4.200 personas fueron derivadas a una de las empresas de José Carlos Margüello para aliviar las listas de espera y otras 3.300 acudieron a consultas o procedimientos diagnósticos entre 2006 y 2007 por medio de ella. El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, estimó ayer, en el Parlamento, que todas ellas vieron peligrar su salud porque esta empresa, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, no cumplía con las condiciones necesarias. Fernández definió como "rocambolesco" el procedimiento por el que se logró que la empresa pudiera contratar con Sanidad y explicó todo el proceso como un "perfecto entramado para captar el procedimiento de listas de espera de forma ilegal y monopolista". La empresa fue cread únicamente para lograr este contrato, aseguró.
Fernández explicó que las 7.500 personas que se derivaron a Gestión de Servicios vieron peligrar su salud porque, si hubiera ocurrido un accidente médico grave, no hubiese podido hacer frente a las responsabilidades que ello obliga al no contar con una póliza de responsabilidad civil. La empresa era una mera intermediaria con un despacho en Bilbao, donde recibió varios historiales médicos de Cruces, pasando por alto la normativa de custodia que se establece para estos documentos. Más adelante, la empresa gestionó las listas de espera desde una sala en la clínica San Francisco Javier, con la que contrató para que realizara los procedimientos médicos.
