Entre la continuidad y la ocurrencia

La Generalitat ha emprendido un giro hacia atrás en materia lingüística, sin pasar por el Parlamento autonómico y sin contar con el consenso de los agentes educativos. Los cambios introducidos en las últimas semanas por la Consejería de Educación, a través de órdenes, limitan la enseñanza del valenciano y promueven un débil trilingüismo basado en asignaturas sueltas, el voluntarismo de los centros y la formación autodidacta del profesorado.

Frente a ello, Escola Valenciana, la mayor federación de asociaciones cívicas y culturales en lengua propia, y la Unidad de Educación Multimedia (organismo integrado por la Universidad de Alicante y el Institut de Interuniversitari de Filologia Catalana) han presentado un proyecto plurilingüe para "todo el alumnado" del sistema educativo valenciano, para ser desarrollado dentro del marco de "eficiencia comprobada y evaluada" que ofrecen los programas de enseñanza bilingües contenidos en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. La única ley aprobada en las Cortes por consenso de todos los grupos en 1983, que ha gozado de una estabilidad sin precedentes.

Escola tiene como marco teórico la línea de Cummings en Canadá

La red de centros de la consejería se distinguirá por una placa en la puerta

La introducción de una tercera lengua extranjera que propone Escola Valenciana se inspira en la línea de Cummings en Canadá, como referente teórico. Y su desarrollo parte del decreto que regula los Programas de Educación Bilingüe Enriquecidos (PEBE), creados por la misma Administración del PP en 1998, siendo entonces consejero de Educación el presidente Francisco Camps.

En esa dirección, la UME recomienda la introducción de la lengua dominante -el castellano- al término del primer ciclo de Primaria o al inicio del segundo ciclo, a los 7 u 8 años. En la actualidad, este sistema ya funciona en los programas de Enseñanza en Valenciano (PEV) y de Inmersión Lingüística (PIL).

A partir de esa base, el inglés sería introducido como segunda lengua de instrucción desde los 3 o 4 años y dispondría de un 25% del tiempo curricular. Vicent Pascual, responsable del proyecto, concede que "la generalización de este modelo llevaría como consecuencia la mejora en la competencia lingüística en inglés, sin afectar al dominio del valenciano y del castellano".

En el tercer programa contenido en la Llei d'Ùs, el Programa de Incorporación Progresiva (PIP) -en el que estudian el 71% de alumnos valencianos este curso-, Escola Valenciana parte de la base de que se determinaría no aplazar la enseñanza del castellano hasta los 7 u 8 años.

En este programa -que en la Llei d'Ús está pensado solamente para los centros escolares de zonas castellano hablantes, aunque en la práctica se acogen todos los concertados- el castellano sería la lengua inicial de aprendizaje de la lectoescritura, con una presencia mínima del uso vehicular del valenciano del 50% (ahora solo se da en la materia de lengua y literatura propiamente dichas y en un a segunda, como Coneiximent del Medi, que la Generalitat limitará el curso que viene). En el PIP el inglés tendría un 33% del tiempo vehicular a partir del primer ciclo de Primaria.

La segunda lengua extranjera con el método de la UME se introduce también a lo largo de toda la Secundaria. El plan contempla además la formación del profesorado en las tres lenguas, basándose en una metodología con un "enfoque lingüístico integrado".

En paralelo, la Generalitat, a través de la Consejería de Educación, que dirige Alejandro Font de Mora, ha comenzado ya, a través de dos órdenes menores, a modificar la esencia de la Llei d'Ús sin el consenso de los cinco sindicatos de la enseñanza pública, que han avalado el documento de Escola Valenciana; ni de las federaciones de padres, alumnos y directores. Con esta fórmula la "progresividad" que caracterizaba los programas se anula.

Font de Mora, a través de la orden que regula el nombramiento de directores, ha modificado el programa PIP, en el que estudian este curso 542.736 alumnos, limitando el valenciano a la lengua y literatura.

Esta reducción del bilingüismo va acompañada de una segunda orden, por la que se crea una red de centros plurilingües a partir de una materia más en inglés o un taller; sin planificar una capacitación del profesorado ni consensuar la elaboración de materiales didácticos. La distinción de centro plurilingüe se reduce a una placa en la puerta.

La Administración ha abierto esta fórmula a todos los centros públicos y concertados que deseen incorporarse en septiembre para que lo soliciten entre el 1 y 23 de mayo próximos. Obtenida la placa, los centros de pertenencia a la red plurilingüe serán recompensados con más dinero para gastos de funcionamiento.

Lo más polémico ha sido que, "con independencia del idioma en que se imparta cada área, materia o módulo, el alumnado tendrá derecho a realizar los exámenes parciales o finales en castellano o valenciano solamente". La orden es estricta en este punto, que es una concesión a las asociaciones en defensa del castellano que se niegan a examinarse en valenciano. "La decisión la adoptará exclusivamente el alumno", independientemente de si tiene 5 años, 14 o 18.

La Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, con representación en casi 900 centros educativos públicos, defiende el éxito del "modelo plurilingüe enriquecido en los programas PEBE", que impulsó Camps desde la Consejería de Educación y rechaza las recientes órdenes. "No entendemos que eso sea un modelo educativo plurilingüe, porque se limita a la incorporación de un idioma extranjero optativo o experimental, sin garantías de continuidad en los niveles superiores", censuran los padres.

Educación sigue sin responder a la batería de preguntas al respecto presentadas por la confederación en la mesa de padres. Y niega que conozca el modelo de Escola Valenciana, remitido por la entidad antes, durante y después de la presentación, que ha sido defendido por los sindicatos en las reuniones oficiales.