Uso partidista de las instituciones
La Xunta de Galicia tiene, al menos, dos importantes e ineludibles responsabilidades políticas. La primera, poner en marcha un proyecto, en el que exista coherencia entre los fines proclamados y los medios, para modernizar el país, superar los déficits históricos de nuestra economía y de nuestra sociedad y, en el delicado momento que atravesamos, poder contribuir a afrontar la crisis económica y especialmente la creación de empleo. Cuenta para ello con instituciones representativas propias, no dependientes del poder central, dispone de competencias políticas y administrativas que incluyen el poder legislativo sobre numerosas e importantes materias, gestiona recursos financieros que representan el 20% del PIB gallego y dirige una Administración que cuenta con decenas de miles de empleados públicos.
El 90% de las noticias que genera la Xunta son de confrontación con otras Administraciones
La segunda responsabilidad política del Gobierno gallego consiste, desde luego, en defender, con todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance, los intereses del país en todos los foros supragallegos donde aquellos intereses puedan debatirse y dilucidarse. Por eso es comprensible, por ejemplo, que Feijóo se oponga al decreto del carbón, de negativas consecuencias para Galicia; rechace el recurso del Gobierno contra el catálogo de medicamentos elaborado por la Xunta, o se enfrente -esperemos que no solo de forma electoralista- al proceso de reestructuración del sistema financiero cuyas consecuencias para Novacaixagalicia serían demoledoras.
El problema no reside, pues, en que la Xunta defienda cuantas veces sea necesario nuestros intereses, sino en que más del 90% de las noticias que genera se refieren exclusivamente a la confrontación con otras Administraciones, sin que exista rastro alguno del proyecto político de la Xunta ni sepamos a ciencia cierta qué hace Feijóo con las competencias políticas a su alcance ni con los más de 21.000 millones de euros de los que dispone en los dos presupuestos elaborados por su Gobierno. En efecto, ¿a qué ha quedado reducida su prometida regeneración democrática? ¿Cuál es su política industrial, decisiva para la creación de empleo? ¿En qué consisten sus políticas agraria y pesquera? ¿Cuál es su política fiscal y cuáles sus planes para dinamizar el crédito a empresas y familias? ¿Cómo utiliza las competencias de que dispone la Xunta en políticas de empleo? ¿Cómo evaluar la política respecto a los servicios públicos, salvo constatar el recorte de gasto en dichos servicios esenciales y su tendencia a la privatización? Nadie lo sabe.
Por eso, transcurridos casi dos años desde que Feijóo formó Gobierno, ha quedado meridianamente claro que el presidente de la Xunta se ha decantado por utilizar el Gobierno gallego como ariete contra el Ejecutivo central, transformándolo en una simple sucursal de la dirección estatal de su partido y supeditando los intereses de Galicia a la estrategia electoral del PP. Y por esa misma razón son legión los que piensan que para Núñez Feijóo la Xunta no es más que un servicio obligatorio y un trampolín para lanzar su carrera en la política española.
Pero si el Partido Socialista quiere tener éxito en la denuncia de tan lamentable estado de cosas, está obligado a definir un proyecto político y programático que lo transforme de nuevo en la cabeza de una alternativa plural y creíble al Gobierno de la derecha. Tal cosa no sucederá si los socialistas gallegos retroceden a los tiempos en que eran incapaces de formular un proyecto propio y su imagen no era otra que la de una fuerza mecánicamente dependiente del Gobierno socialista y de la cúpula estatal del PSOE.
El PSdeG no puede aceptar, por ejemplo, que el inefable ministro de Industria justifique el decreto del carbón con el demencial argumento de que Galicia produce -para toda España, añado yo- demasiada energía eólica, cuando la decisión de impulsar energías renovables nos coloca en vanguardia de la renovación tecnológica y merece incluso el respeto y la admiración de Gobiernos como el estadounidense. Como tampoco pueden los socialistas gallegos respaldar acríticamente los intentos de liquidar las cajas de ahorro, para mayor gloria de la gran banca española y extranjera, y con ellas la plataforma financiera indispensable para el futuro económico de Galicia. De lo contrario, el PSdeG reducirá su acción a la mera justificación de políticas gubernamentales difícilmente explicables, y la necesaria confrontación con la Xunta se realizará en un campo que les es abiertamente desfavorable. Pronto sabremos si han asimilado las lecciones que les proporciona su propia historia.
