Botella y Castellano mantienen las espadas en alto

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, reconoció ayer que en las relaciones con el Consell no hay milagros. Botella se reunió con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, para repasar la lista de contenciosos abiertos entre la Administración del Estado y la autonómica, pero no hubo ningún avance significativo. "La predisposición es buena pero queremos soluciones y tenemos que pasar a los hechos", sentenció Castellano, que enumeró toda la lista de agravios: chiringuitos, prospecciones petrolíferas, ubicación del almacén nuclear, protección del patrimonio de El Cabanyal, ley autonómica de seguridad, vigilancia contra la llegada de inmigrantes ilegales y rehabilitación del cuartel de Zapadores en Valencia.

Según el consejero, "la predisposición es buena pero hay que pasar a los hechos"

Castellano acudió a la Delegación del Gobierno sin ninguna propuesta para flexibilizar las posiciones del Consell y se encontró con una posición de firmeza envuelta en formas amables por parte de Botella.

A continuación se detallan los argumentos esgrimidos por la delegada del Gobierno y el consejero de Gobernación en los principales conflictos.

- Chiringuitos. El Consell reclama al Estado la transferencia de la competencia sobre esta clase de establecimientos. Castellano dice que el Estatut lo permite y, en caso contrario, pide que se aplique el artículo 150.2 de la Constitución. El Gobierno afirma que el Estatut no prevé esa competencia y propone una solución para los 12 establecimientos de restauración que son el centro de la polémica.

- Prospecciones petrolíferas. Castellano pide que el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se comprometa públicamente a que no habrá prospecciones. En caso contrario planteará un conflicto de competencias sobre la protección de los parques naturales. Botella dice que el Gobierno ofrecerá cuantas explicaciones sean necesarias sobre la seguridad y el impacto medioambiental de los permisos de búsqueda de hidrocarburos. La delegada del Gobierno advierte que no introducirá ahora ninguna inseguridad jurídica con la revocación de los permisos.

- Cabanyal. Botella no se dejó impresionar por el hecho de que el Ayuntamiento de Valencia y el Consell hayan decidido querellarse contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, por supuesta prevaricación. "El Gobierno no tiene intención de retirar el recurso -interpuesto contra el decreto del Consell que sorteaba la prohibición de derribar el patrimonio protegido- porque se ha actuado por interés general". "Ello no es óbice para encontrar otras fórmulas de acuerdo, pero es el Ayuntamiento quien tiene la iniciativa política", sentenció la delegada.

- Conflictos competenciales. El consejero de Gobernación pidió al Gobierno que retire el recurso contra la ley autonómica de Régimen Económico Matrimonial, tras haberse modificado los puntos en disputa en las Cortes. Y reclamó también que se llegue a un acuerdo que permita que la Junta Autonómica de Seguridad que no ha funcionado en los últimos años se ponga en marcha, lo que evitaría la constitución del observatorio previsto en la nueva ley valenciana de seguridad que el Gobierno ha recurrido.

- Efectivos policiales. El Consell se queja de la falta de efectivos suficientes para prevenir la llegada de pateras a las costas valencianas. La delegada del Gobierno recordó que en el último año se ha reducido en un 50% el número de inmigrantes y el número de pateras que llegan a las costas valencianas. Respecto al futuro cuartel de la policía de la calle de Zapadores de Valencia, Botella se comprometió a explicar el proyecto de rehabilitación pero no se pronunció sobre que sea la nueva sede policial de referencia en la Comunidad Valenciana.