Las Diputaciones pleitearán para evitar la multa por las ayudas fiscales

El culebrón de la multa de la UE a las Diputaciones por las ayudas fiscales va a capítulo diario. Los tres diputados de Hacienda transmitieron ayer al Gobierno en la primera reunión de una serie que van a mantener para aclarar el expediente de las vacaciones fiscales, consideradas en su día ilegales por la UE, que su estrategia pasa por seguir pleiteando todo lo que se pueda. La primera denuncia contra las ayudas se produjo en España en 1994 y saltó a los tribunales europeos en 1997.

La reunión, de carácter técnico, en la que participó también el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, fue convocada de urgencia tras conocerse la intención de la Comisión Europea de pedir en las próximas semanas al Tribunal de Justicia de la UE que multe a España, al no haberse recuperado las ayudas concedidas en forma de exenciones fiscales para la creación de nuevas empresas.

La UE podría plantear la devolución de otros 100 millones más

La cantidad que la Comisión Europea reclama inicialmente se sitúa en unos 587 millones de euros, aunque puede haber otra reclamación adicional de unos 100 millones de euros. La primera cifra correspondería al crédito fiscal del 45% de la inversión para inversiones superiores a los nueve millones de euros y a las minivacaciones fiscales, y la nueva se referiría a las vacaciones fiscales como tales, aunque este término se haya utilizado comúnmente para denominar a las tres ayudas.

Sin embargo, las tres medidas sancionadas por la UE eran diferentes. Las vacaciones fiscales suponían la exención del Impuesto de Sociedades durante 10 años a aquellas empresas que invirtieran más de 480.810 euros y crearan más de 10 empleos. La segunda medida rechazada por la UE era el denominado crédito fiscal, aprobado en 1996, que permitía recuperar vía Impuesto de Sociedades el 45% de las inversiones que superaran los 15 millones de euros. Y la última eran las minivacaciones fiscales, también de 1996, para las empresas de nueva creación, con deducciones progresivas en el mencionado impuesto del 99%, el 75%, el 50% y, finalmente, el 25% desde el primer año en que se registrasen beneficios.

La nueva reclamación iría contra la primera de las medidas, precisamente la que se puso en marcha en 1993.

Las Diputaciones, salvo la guipuzcoana, que sigue tratando de llegar a un entendimiento con la UE, están adoptando una posición absolutamente opaca sobre las ayudas.

"Estamos esperando que el Colegio de Comisarios tome la decisión sobre la anunciada multa", apuntó el consejero de Economía, Carlos Aguirre, en Bilbao unas horas después de que las instituciones forales le confirmaran su estrategia de seguir pleiteando. "Mientras tanto, hay que esperar. Va a ser un proceso largo", agregó.

Han pasado tres años y medio desde que las tres Diputaciones y la entonces vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, pactaran con el equipo económico del PSOE, que entonces dirigía Pedro Solbes, empezar a reclamar las devoluciones de las ayudas. El 30 de julio de 2007, firmaron un documento en el que Zenarruzabeitia bendijo el "compromiso de llevar a cabo las actuaciones necesarias en orden a recuperar las ayudas y a la comunicación de la información en plazos y términos del emplazamiento" de las autoridades comunitarias.