Gallardón se opone a que Aguirre bautice sus escuelas infantiles con nombres de zarzuelas

¿Por qué llamar a una nueva escuela infantil El Madroño si puede llamarse La Corte de Faraón? La pregunta se la debió hacer el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando eligió los nombres que colgarán de las fachadas de las 22 nuevas escuelas infantiles de titularidad municipal. El Gobierno regional ignoró las sugerencias -mucho más llanas- que el Ayuntamiento le envió para denominar a sus centros y la decisión ya ha producido un nuevo roce entre ambas administraciones que puede acabar en los tribunales. De entrada, el equipo del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó el mes pasado en Junta de Gobierno recurrir la "imposición" de la Comunidad. "Es nuestra competencia", replican desde la Consejería de Educación.

El tema no debería ser de gran trascendencia si no fuese porque al equipo del alcalde le pilló por sorpresa la lista de 22 nombres de los nuevos centros -de titularidad municipal aunque pagados con el Plan E- que publicó el pasado mes de agosto el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCAM), en el que solo se había respetado una de sus propuestas. Y del asombro se pasó a cierto enfado. Si la Comunidad no anula el decreto, el gobierno municipal ya contempla la posibilidad de ir a juicio.

Acostumbrados, dicen, a que se consideren sus sugerencias, se encontraron con que la escuela infantil de Latina ya no se llamaría Orión, sino La del Soto del Parral; que la de Barajas tampoco será la de La Bahía, sino La Chulapona o que La Casita de Chocolate de Villa de Vallecas se recordará como la de Los sobrinos del Capitán Grant. Nombres de zarzuela, "que el Consejo ha considerado que son los mejores", según un portavoz de la Consejería de Educación.

En el Ayuntamiento aseguran que esta vez, "como lleva haciendo hasta ahora", se ha mandado un listado con las propuestas y que no hay ninguna justificación para que se ignoren o se impongan los criterios regionales cuando los gastos de las escuelas corren a cuenta de las arcas municipales.

Mientras tanto, la Comunidad mantiene que, al tener la competencia en educación, tiene la potestad, cuando crea la entidad jurídica de cada escuela, de poner el nombre que se le antoje. Y para reafirmarse un portavoz remite al artículo 17 de la Ley Reguladora del Derecho a la Educación, en el que se contempla que corresponde al Gobierno regional la creación y supresión de centros públicos, aunque no se dice ni una palabra sobre su denominación. El Ayuntamiento cita una disposición del mismo artículo donde se apela a la cooperación de las corporaciones locales en la creación de los centros educativos.

El plazo para que el Gobierno regional resuelva el recurso que el Ayuntamiento interpuso hace un mes expira la semana que viene. Si no responde se dará por rechazado. Mientras tanto, desde la Consejería de Educación animan al Ayuntamiento a que, como refleja la misma ley, se pongan de acuerdo con los consejos escolares de los centros para rebautizar las escuelas que quieran.