La Generalitat necesitó seis años para tapar los agujeros que dejó CiU
Convergència i Unió (CiU) está avisando desde hace días de que, si gana las elecciones del 28 de noviembre, solo encontrará telarañas en la caja. Pero en 2003, cuando perdió el gobierno de la Generalitat, dejó las arcas bajo mínimos. Según la auditoría encargada entonces por el tripartito, el último Gobierno de Jordi Pujol dejó una herencia de 17.364 millones de euros de deuda y, sobre todo, un gasto desplazado de 2.903 millones, la mayoría sanitario. Esta última losa terminó de pagarse, gracias al sistema de financiación autonómica, el pasado diciembre. Además, el último Gobierno de Pujol comprometió infraestructuras por 7.600 millones de euros, algunas hasta 2041.
El Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat tuvo que hacer números en las paredes para cuadrar las cuentas. Joan Ridao, diputado de Esquerra en el Congreso, recordó que CiU dejó un déficit de 1.177 millones cuando Artur Mas, entonces conseller en cap, había asegurado que el balance solo reflejaba un superávit de 200 millones.
Pujol dijo en 2004 que criticar el endeudamiento "perjudica al país"
Los socios del tripartito deploran que CiU esté practicando una táctica desleal al frivolizar sobre las finanzas públicas sin atender a que pueden dañar la credibilidad de la institución en los mercados y olvidando que se está viviendo la crisis más grave en 80 años. Los papeles se han invertido porque, curiosamente, en 2004 Pujol avisó a políticos y a periodistas de que fueran con cuidado al criticar el endeudamiento porque solo conseguirían "perjudicar al país y al Gobierno". La mirada ahora es distinta: Mas describe a la Generalitat como "pelada y apurada", con los cajones llenos de facturas por pagar. Y Alicia Sánchez-Camacho, del PP, dice que la Generalitat está "arruinada".
No solo se trata de una cuestión financiera. En su estrategia, CiU ha reprochado al tripartito que comprometa pagos que puedan dejar las manos atadas al futuro Gobierno. Felip Puig, número dos de CDC, ha cuestionado la inversión en los hospitales en Martorell y Reus. En 2003, CiU adjudicó gran parte de la línea 9 del metro por más de 3.600 millones. Mas no discute que los Gobiernos tomen decisiones hasta el último día, como hizo el último de CiU, pero sí en situaciones de crisis.
