"Ante la explotación y los abusos, hemos decidido crear un sindicato"

Después de acabar Arquitectura, María López se dio de bruces con la realidad laboral: "Hace seis años que estoy trabajando y nunca he tenido un contrato. Jamás. Ahora he pasado de cobrar 300 euros en negro a ser contratada ilegalmente como autónoma por unos 21.000 euros brutos".

Esta arquitecta de 28 años trabaja todos los días en la misma empresa con un horario fijo y paga de su bolsillo unos 250 de cuota de autónomos -"se me va el sueldo"-, lo que le asegura menos derechos de los que tienen los empleados fijos (paro, baja por enfermedad, embarazo). Y como muchos de sus compañeros de profesión, está cansada: "Pertenecemos a una generación que acepta casi cualquier cosa. En parte, es culpa nuestra. No hemos sido conscientes de las consecuencias. El problema ha estado en nosotros pero no hemos querido verlo, aunque con la crisis hemos despertado".

María se ha afiliado al primer Sindicato de Arquitectos de España (SAE), que nació a principios de este año con el objetivo de combatir la precariedad laboral y conseguir un convenio colectivo para un sector que, a diferencia de las ingenierías, carece de protección legal. El sindicato, que no revela su número de afiliados, calcula que el 60% de los arquitectos que ejercen en España lo hacen como falsos autónomos. "Contra lo que más estamos luchando es contra arquitectos de otra generación que fomentan un sistema ilegal", explica Ramón Durántez (35 años), portavoz de SAE. "Queremos proteger a los arquitectos, a los arquitectos que trabajan por cuenta ajena, que se les explota y se abusa de ellos", explica Durántez, que intentó en vano que uno de los grandes sindicatos les acogiera bajo su paraguas. "Por eso nos hemos constituido como sindicato, para que los otros sindicatos nos hagan más caso. Somos optimistas", añade. "Sabemos que hay otras maneras de organizarse y de cambiar la forma de ejercer".

En las profesiones relacionadas con la construcción, la comunicación o el medioambiente -entre otras-, se ha estado abusando de la figura del falso autónomo. Personas sin un contrato aunque con una relación fija con la empresa. Y si no hay contrato, no hay convenio. Y si no hay convenio, se está más desprotegido, espiral que la actual crisis ha agravado.

Sole Gil (33 años) se halla en la misma situación que María. Al frente de la primera Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA), quiere poner fin al vacío legal de su profesión, sin convenio colectivo. "Antes del boom había algo de trabajo de calidad, durante el boom bajó la calidad pero había trabajo para todo el mundo, y ahora solo Dios sabe dónde vamos", explica.

Su profesión, excepto para unos privilegiados, está muy lejos de la idea aventurera que se le atribuye. Mientras que los obreros de la construcción se acogen al convenio del sector, los arqueólogos -que se encargan por ley de catalogar posibles restos históricos que aparezcan durante una obra -no tienen a qué acogerse. "En las obras de la M-30, los peones cobran bastante más que los arqueólogos y quien dice más dice unos 400 euros", cuenta Jaime Almansa, arqueólogo de 26 años.

La "indefensión" de arquitectos y arqueólogos se debe a la falta de regulación laboral pero también a la saturación del mercado. La crisis ha hecho estragos en estas dos profesiones ligadas a la construcción. De años de empleos mal pagados se ha pasado a un aumento de la precariedad o, directamente, al paro. "Cuando un empresario me ofrece 700 euros por picar y palear todo el día, y no tengo un marco legal al que acudir, solo puedo decir que no al trabajo y luchar por mi dignidad", explica Sole.

Tradicionalmente, el marco legal lo han defendido los sindicatos. Sin embargo, la temporalidad, las condiciones precarias y la desmotivación han alejado a los jóvenes de estos. Un ejemplo: De los 1.203.000 afiliados de Comisiones Obreras, unos 250.000 tienen menos de 35 años. Y de estos últimos, los menores de 30 solo suponen un 10% (unas 25.000). Y eso a pesar de que afiliarse a este sindicato, por poner un ejemplo, cuesta 11 euros al mes (6 para desempleados).

"Los jóvenes han naturalizado la precarización", señala Laura Auñón, de 30 años, responsable de juventud de CC OO del País Valenciano, que explica que el grado de afiliación suele subir cuando el trabajador obtiene un contrato a tiempo completo o indefinido. Auñón, afiliada desde los 20 años, asegura que, ante la poca atracción que generan entre los jóvenes, lo más importante es informar: "Un contrato debe tener derechos, ya sea del tipo que sea, de tres horas o cuarenta. Es fundamental que los jóvenes estemos organizados".

Con su pico y pala para sus excavaciones a pie de obra, Sole piensa igual: "Si todos no pringamos no tiramos para adelante".