AVE pide un acuerdo social contra la crisis y descalifica a los políticos

"La fiesta se ha acabado, señores". Francisco Pons, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), siempre es comedido en sus intervenciones públicas. Ayer, tampoco se excedió, pero hizo público un documento de trabajo elaborado por el grupo empresarial que congrega a un centenar de los más poderosos empresarios de la Comunidad Valenciana que contiene una carga demoledora contra la clase política. Los miembros de AVE subrayan que en "las sociedades complejas" los representantes políticos desempeñan un papel clave para liderar al conjunto de los ciudadanos. Y advierten: "Perder el tiempo y las fuerzas en acciones de desgaste del adversario político, y a contracorriente de lo que la razón y la sociedad demandan, no solo constituye un comportamiento irresponsable, sino el principal problema a superar. En caso contrario no solo se asistirá a la deslegitimación del sistema político, sino también a un serio déficit de gobernabilidad y a la consiguiente degradación económica y social que esto conlleva".

"La inacción política genera desconcierto respecto al futuro", dice el documento

"Es necesaria la congelación salarial durante dos o tres años"

El documento titulado Estrategia de Reactivación y Competitividad de la Economía Valenciana (http://www.asociacionvalencianaempresarios.org) dedica un extenso capítulo a explicar por qué la economía española, y la valenciana en particular, han perdido competitividad y por qué se ha estancado la productividad. Al margen del peso que cobró el negocio inmobiliario en detrimento de la industria, los grandes patronos alertan: "Debemos ser conscientes de que la situación por la que atraviesa nuestra economía va a ser duradera, estamos pagando el haber vivido tantos años por encima de nuestras posibilidades como consecuencia del crédito fácil".

Por eso reclaman un gran acuerdo social, una "convergencia", "un compromiso ético" entre actores políticos, sociales, económicos y ciudadanos para trazar una hoja de ruta conjunta que permita a la sociedad valenciana salir fortalecida de la crisis: "Superar la situación actual solo será posible si la sociedad en su conjunto está dispuesta a hablar más claro, a asumir un compromiso social que trascienda nuestros intereses personales, inmediatos y de corto plazo y, lo que es más importante, impulsar un comportamiento ético en todos los ámbitos políticos y empresariales".

Pons insistió en las horas de trabajo dedicadas por un centenar de empresarios y profesionales a elaborar el trabajo, que plantea varias "actuaciones urgentes" a partir de una evidencia: "Hay lo que hay en la caja. La Administración pública debe centrarse en lo posible y trasladar a la sociedad parte del consumo de bienes que hoy son totalmente gratuitos", dijo Pons.

Los patronos plantean una gestión conjunta del sistema de salud y los servicios sociales, y el copago de la sanidad y la educación. Pons evitó descender a las fórmulas concretas, pero sentenció: "El gasto social representa el 80% del presupuesto de la Generalitat. Si pudiéramos recortarlo hasta el 65% dispondríamos de un 15% del presupuesto para el impulso de la economía productiva y el empleo".

Los grandes patronos constatan que "el modelo de crecimiento sustentado en la demanda interna y el endeudamiento exterior ha llegado a su fin y es insostenible". Plantean como "única alternativa viable la expansión de las exportaciones, la inversión productiva y el ahorro y sustitución de importaciones de productos estratégicos, especialmente los energéticos". Por eso solicitan incentivos para la exportación y defienden la energía nuclear.

Pero también reclaman una reforma laboral en profundidad que simplifique la negociación, facilite la movilidad geográfica y funcional, apueste por la productividad y combata el absentismo laboral.

Los miembros de AVE también ponen en acento en el control de los gastos laborales, celebran la congelación de los sueldos de los funcionarios y reniegan de los convenios colectivos que abocan a una negociación salarial que Pons calificó "de IPC más". "Los trabajadores piden IPC más cuatro, los empresarios ofrecen IPC más medio punto y después de tensas negociaciones se pacta IPC más uno".

El trabajo de AVE apunta que esa fórmula ha sido nefasta para la productividad en España: "Los costes laborales por unidad de producto han crecido en más del 35% entre 1995 y 2007, cuando apenas han variado en Alemania o han crecido en menos del 14% en la zona euro". Para superar la situación insisten: "A los efectos de poder generar empleo es necesaria la congelación salarial durante los próximos dos o tres años y la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. La reducción de salarios en la Administración y su congelación en 2011 constituye un importante precedente. No extender la congelación al conjunto de la población laboral sería socialmente injusto y económicamente irresponsable".

Pons aprovechó su comparecencia para lamentar que "la ausencia de liderazgo de políticos y empresarios" haya impedido una fusión a tiempo de las dos grandes cajas valencianas, "como la que intentó Eduardo Zaplana". Bancaja y CAM están hoy diluidas en sendas fusiones forzadas por las exigencias de solvencia del Banco de España.