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La industria pierde uno de cada tres empleos durante la recesión

El crecimiento de la construcción disimuló durante años el declive del sector

Ignacio Zafra

A pesar del buen arranque exportador del año, la industria valenciana vive horas bajas. Entre 2006 y 2009 el sector perdió un tercio de sus empleos: 148.000. Uno de cada cuatro puestos de trabajo que se esfumaron en la comunidad autónoma entre 2007 y 2009 correspondían a empleos industriales indefinidos. Y un 25% de todos los trabajadores industriales despedidos en España durante ese periodo eran valencianos. Visto así, la situación parece mala. Si se mira con perspectiva, es aún peor.

Cuando la recesión económica golpeó a la industria valenciana, esta se encontraba inmersa en su propia crisis. Su variación interanual (en la contribución al PIB) fue negativa casi todos los años desde 2002. Es decir, mucho más que en el conjunto de España. Era la época del boom. Años en los que la industria valenciana retrocedía un 0,9%, la construcción aumentaba un 4,8%, y el Producto Interior Bruto ofrecía crecimientos superiores al 3%. Una etapa en la que la bonanza general disimulaba el declive industrial.

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El declive no era generalizado. Afectaba sobre todo a los llamados sectores tradicionales. El calzado, el textil, el juguete y (en menor medida) la madera registraban caídas interanuales en el Índice de Producción Industrial de órdago. Otras industrias, en cambio, especialmente aquellas más vinculadas a la construcción, marchaban bien. Son datos oficiales, que Comisiones Obreras del País Valenciano ha recopilado en un informe sobre la situación socioeconómica de la comunidad autónoma.

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Esa era la situación cuando estalló la crisis, primero financiera, que se trasladó a la economía real agravada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La consecuencia fue que el calzado, que en 2003 había perdido el 26% de su producción industrial, perdió el 32,5% en 2007. Y que la industria azulejera, que se había mantenido razonablemente bien hasta ese momento pero que era (y es) muy dependiente del ladrillo, se desplomó un 33,5% en 2008. Los subsectores que lo estaban pasando mal, empeoraron. Los que habían vivido bien al calor de la construcción, entraron en la misma dinámica negativa.

Una de las principales críticas que CC OO, UGT y los expertos consultados hacen al Gobierno autonómico es que el problema industrial valenciano se veía venir desde hacía años (o décadas) y que la respuesta del Consell fue, al menos, tibia.

"Nuestra especialización en sectores industriales intensivos en el uso de trabajo no cualificado fue un éxito mientras nuestros costes laborales unitarios eran relativamente bajos", señala Vicent Soler, catedrático de Economía Aplicada, sobre la evolución de los sectores tradicionales. "Suponía trabajar con unos costes de producción competitivos en los segmentos de mercado donde el precio jugaba un papel primordial. La emergencia de nuevos países industriales (particularmente, los asiáticos) con costes laborales unitarios aún más bajos hacía desvanecer nuestras ventajas comparativas. El problema ya fue detectado en los años ochenta. Por ello, la Generalitat creó una agencia, el Impiva [Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana], para concertar con las empresas políticas que permitieran nuevas estrategias competitivas que debían centrarse en la diferenciación del producto y la mejora de la productividad", añade.

La llegada a la Generalitat de Eduardo Zaplana, en 1995, implicó un cambio estratégico, apunta Soler. ¿Un ejemplo? Zaplana llevaba en su programa electoral la supresión del Impiva, entidad puesta por la OCDE como "modelo de políticas para las pymes". Y las pymes (pequeñas y medianas empresas) definen el tejido económico valenciano. El Impiva finalmente no desapareció, pero perdió centralidad en una etapa en la que la preocupación por la industria pasó a un segundo plano.

Allí se mantuvo hasta que la crisis y sus efectos dejaron claro que a la construcción le espera larga convalecencia y que otras apuestas (la atracción de turismo por medio de grandes eventos, por ejemplo) no ofrecían la rentabilidad esperada. En ese contexto el vicepresidente primero del Consell y consejero de Industria, Vicente Rambla, presentó hace unos meses la Estrategia de Política Industrial (EPI), que ahora negocia con sindicatos y empresarios.

"La situación global ha cambiado y no podemos pensar en la industria tal y como la conocemos hasta ahora. Y es precisamente por esta razón por la que tiene sentido la EPI: para potenciar una industria más competitiva, más internacionalizada y donde el peso de los sectores emergentes sea mayor que el actual", señala una portavoz de la consejería, y añade: "Mantener un sector industrial con peso específico importante resulta esencial a largo plazo por distintas razones. Una, porque el sector industrial presenta mayores tasas de crecimiento de la productividad que otras actividades económicas. Dos, porque es más intensivo en I+D+i. Tres, porque genera empleo estable, cualificado y de calidad". Un análisis que compartirían casi todos los críticos con la política industrial de la Generalitat. La duda es si la apuesta es seria, y si estamos a tiempo.

¿Es posible una reindustrialización valenciana?

La Estrategia de Política Industrial (EPI) de la Generalitat es ambiciosa. Al menos sobre el papel. Está articulada en tres líneas. Fomentar la innovación en los sectores tradicionales. Apoyar la creación de empresas de base tecnológica (el objetivo es incorporar 800 al año hasta 2015). Y captar inversiones españolas e internacionales. Establece siete "hipersectores" prioritarios en los que el territorio tendría ventajas competitivas: alimentación; energía y agua; hábitat; indumentaria (textil y calzado); logística; procesos industriales, y salud y calidad de vida.

A pesar de las dificultades económicas del Consell, Industria se ha comprometido a destinar 1.100 millones de euros para financiar la estrategia hasta 2015 y a incluir una parte en los próximos presupuestos para ponerla en marcha en 2011, una vez acordada con empresarios y sindicatos.

A los empresarios les gusta la música. Y los dos grandes sindicatos están dispuestos a negociarla hasta el final por varias razones. Primero, señalan Paco Molina, secretario general de CC OO, y Ana Toral, secretaria de Industria e Innovación de UGT, porque llevan mucho tiempo reclamando un plan para el sector y sería incoherente no poner de su parte. Segundo, porque es la primera vez, que recuerden, que un Ejecutivo del PP trata de consensuar con ellos una estrategia industrial. En iniciativas anteriores la Generalitat solo buscó la complicidad con los empresarios.

Pero eso no significa que estén dispuestos a firmar un documento que sea únicamente una declaración de buenas intenciones, advierte Molina, a unos meses de las elecciones autonómicas y locales. Además de comprometer fondos, ambos sindicatos quieren que la EPI contenga evaluciaciones periódicas de lo conseguido. Una idea que apoya la patronal autonómica, Cierval, señala su secretario general, Rafael Montero. Los sindicatos quieren que la EPI incluya no tanto una autocrítica como un análisis de daños. "Una explicación de por qué el peso de la industria en el PIB ha caído casi ocho puntos en una década, hasta poco más del 12%", dice Molina.

¿Es viable, con esa trayectoria, un proceso de reindustrialización? "Yo no hablaría de reindustrialización, porque el peso del sector industrial manufacturero en las economías desarrolladas no se eleva. Ese no es un proceso reversible", responde Vicente Pallardó, profesor de Estructura Económica de la Universitat de València. "Lo que sí puede hacerse y debe intentarse, es parar la reducción del sector industrial fomentando la especialización y la adaptación a la nueva competencia internacional de los sectores tradicionales y el nacimiento de empresas en nuevos sectores, en los que la demanda sea creciente en calidad-cantidad".

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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