El Ivima debe 2.367 millones de euros, según la Cámara de Cuentas

El mayor constructor de vivienda social en España, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), ha tenido que frenar su actividad abruptamente. Las deudas del organismo dependiente de la Comunidad de Madrid y el brutal descenso de la financiación del Gobierno regional (tres millones de euros en 2010, frente a 26 en 2009 y 57 en 2008) contribuyeron a que el Ivima entregase en 2009 menos de la mitad de pisos nuevos que hace dos años y que rebaje su presupuesto un 15% en 2010.

Hace 25 años que el Ivima se encarga de construir inmuebles en la Comunidad de Madrid para alquilar y vender los pisos a un precio más bajo que el del mercado a familias con pocos recursos. Actualmente gestiona 23.000 viviendas, con un precio de alquiler medio de 250 euros al mes, que baja hasta los 41 euros en casos de inquilinos a los que se concede un descuento excepcional por dos años en caso de insolvencia. Su función principal es levantar edificios para recibir ciudadanos con carencias económicas. Ahí es donde flaquea hoy su actividad.

El director defiende la financiación con fondos propios para no ser "una carga"

El organismo proyecta pedir una inyección económica en 2011

En 2009 el instituto de vivienda entregó 712 pisos nuevos. Respecto a los dos años previos, la disminución de su actividad es significativa: en 2008 otorgó 2.034 viviendas para estrenar y en 2007, 2.300.

Detrás de la caída de la construcción del Ivima, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se encuentra la debilidad de sus finanzas. El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de diciembre de 2008, establecía que este organismo tenía un patrimonio de 3.235 millones de euros y una deuda de 2.367 millones.

La relación entre el agujero económico y el frenazo de la actividad del Ivima está en la diana de la oposición en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista de Madrid (PSM) vincula directamente una cosa y la otra. "Este año tendrán que gastarse la mitad del presupuesto en pagar deudas y apenas harán obra nueva, para la que tienen solo dos millones de euros", afirma el portavoz socialista de Vivienda, Antonio Fernández Gordillo, que subraya la desproporción actual entre la oferta y la disponibilidad de vivienda protegida: "Solo en la Oficina de Vivienda ha habido, desde 2005, 220.000 peticiones de pisos por parte de menores de 35 años. La demanda es brutal porque el empleo ha caído, la gente tiene menos recursos y el precio de mercado de la vivienda en Madrid todavía es altísimo".

La deuda, de acuerdo con la Cámara de Cuentas, proviene de lo que el Ivima tiene que pagar a bancos y acreedores (1.779 millones de euros) y a promotoras inmobiliarias por el arrendamiento de construcciones que hicieron para el instituto en el pasado (588 millones de euros). El Ivima relativiza estas cifras. Su director, José Antonio Martínez Páramo, asegura que no deben más que 500 millones en créditos bancarios. "El resto no es deuda", dice.

Argumenta que los otros 1.200 millones que incluye la Cámara de Cuentas como deudas a acreedores a corto y largo plazo (constructoras que hacen obras para el Ivima, por ejemplo) son "una inversión de promociones en marcha". En cuanto a los 588 millones de arrendamiento de inmuebles a constructoras, Martínez Páramo reduce la cifra a 450 millones y tampoco considera que forme parte de la deuda. La situación del Ivima, según su director, es "manejable". "Tenemos un patrimonio de 3.500 millones de euros", aduce.

Cuentas e interpretaciones: lo que el responsable de Ivima ve como una inversión (lo que se debe a acreedores), es una deuda para el vocal de UGT en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Julio Rodríguez. "Lo que hay que pagarle a los acreedores es una deuda contante y sonante como la de créditos bancarios", juzga. "El endeudamiento es significativo, y el problema es que afecte a la creación de vivienda social. El Ivima viene menguando su actividad, movido por la política social regresiva de [la presidenta de la Comunidad de Madrid] Esperanza Aguirre", opina Rodríguez.

Por su parte, el Gobierno regional ha cerrado el grifo al Ivima. En 2010 lo ha financiado con tres millones de euros, un bajón del 95% con respecto al 2008, cuando la inversión fue de 57 millones. Martínez Páramo razona que la financiación ha bajado por el compromiso del Ivima de no costar dinero a los madrileños. "Queremos financiarnos con fondos propios, no ser una carga en tiempos de crisis", asegura.

El director excusa a la Comunidad. Afirma que su intención era ganar dinero vendiendo más casas a inquilinos que lleven más de siete años de alquiler. Pero en 2009 se encontró con un problema serio: a causa de la crisis, hubo un 80% de peticiones de compra menos. El dinero no corrió hacia las arcas del instituto. Así que vuelta al cauce. "En 2011 volveremos a pedir una subvención fuerte a la Comunidad", anuncia Martínez Páramo. Falta por ver si el cauce lleva agua.