El cuerpo del gatillo fácil

B. J. vive en un barrio de casas bajas en la periferia de Buenos Aires, en el municipio de Lomas de Zamora. No hace mucho un agente de seguridad privada ofreció sus servicios a los vecinos: patrullaría la zona para ahuyentar a ladrones y avisar a la policía en caso de sospecha. B. J. no aceptó el servicio; otros vecinos sí. Dos meses después, se registraron tres robos en casas en solo 10 días. Dos de esas tres viviendas pagaban la seguridad privada. B. J. y otros vecinos se quejaron de inmediato al comisario de la zona: temían que su tranquilo barrio se hubiera convertido en una zona liberada, es decir, desprotegida por las fuerzas de seguridad para que delincuentes, en connivencia con ellas, cometan delitos.

Los asesinatos a manos de agentes crecieron un 15% el año pasado

246 policías fueron expulsados en julio en la provincia de Buenos Aires

Cuando los vecinos le comunicaron sus inquietudes, el comisario se hizo el sorprendido. Pero en cuestión de horas el agente de seguridad privada dejó de trabajar en el barrio y, en pocas semanas, el comisario fue trasladado a otro distrito (uno de los vecinos contaba con buenos contactos políticos).

Casi todas las semanas se leen en la prensa uno o varios casos de miembros de las fuerzas de seguridad de Argentina involucrados en delitos, desde torturas y asesinatos de presuntos delincuentes hasta robos, narcotráfico, secuestros, proxenetismo y contrabando. Los casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad -en casos de gatillo fácil (fusilamiento en tiroteos), represión de manifestaciones, en cárceles y comisarías (muchas veces por torturas), en conflictos entre uniformados o con sus familiares, o desapariciones- han crecido súbitamente en 2009: de las 209 muertes en 2008, cuando se registró una cifra similar a años anteriores, se pasó a 241, un 15% más, según los datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

También se repiten con frecuencia los casos de policías muertos en cumplimiento de su deber. Aún así, Argentina continúa siendo considerado un país moderadamente seguro dentro de Latinoamérica. La tasa de homicidios es de 5,27 por cada 100.000 habitantes, menor a la de Estados Unidos (5,4), pero superior a la de España (1,2). Lejos está Argentina de países de su región como El Salvador (71), Venezuela (49), Brasil (25,2) o México (14).

Uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos que demuestra la connivencia de la policía argentina con el delito y la represión ilegal es el de Luciano Arruga, un adolescente pobre de 16 años que desapareció en febrero pasado después de haber estado detenido en una comisaría del municipio de La Matanza, al suroeste de Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos sospechan que Arruga fue torturado por negarse a convertirse en un ladrón a sueldo de los policías.

El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió en su último informe sobre los derechos humanos en Argentina que aumentó "el uso de la fuerza por partes de las policías y otras fuerzas de seguridad". EL PAÍS consultó al respecto a los ministerios de Seguridad de Argentina y de la provincia de Buenos Aires, pero no obtuvo respuesta.

En julio, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, echó, al mes de llegar al cargo, a 246 policías porque estaban investigados por robos, corrupción y hasta un homicidio. En abril, el Ayuntamiento de Buenos Aires había destituido a ocho de los 16 jefes de la nueva policía metropolitana, que se estrenó en enero, porque se descubrió que tenían antecedentes de cuando servían en otros cuerpos.

Al repasar la prensa argentina desde enero hasta ahora se suceden las noticias de policías investigados, procesados o detenidos por delitos. Homicidios, robos a cajeros automáticos, supermercados, bancos o camiones... los delitos son de todo tipo. Hace poco, cinco agentes fueron expulsados por extorsionar a una persona a la que amenazaban con montarle una causa falsa para acusarle de tráfico de drogas. También ha habido acusaciones de violación. Un comisario fue relevado de su puesto por denunciar que dos de sus agentes vendían drogas a presos en su dependencia. Hace poco, nueve agentes fueron procesados por exigir dinero a comerciantes a cambio de seguridad.

Pero, pese a las expulsiones masivas de policías, los políticos argentinos no logran controlar el problema.