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Una inmobiliaria del PNV compra los terrenos donde se celebra el 'Alderdi'

El EBB es dueño de Lurukanez y dice que le avala el Tribunal de Cuentas

Una empresa inmobiliaria domiciliada en la sede que el Euskadi Buru Batzar (EBB) tiene en el edificio Sabin Etxea, en Bilbao, se encuentra detrás de la adquisición de los terrenos en los que el PNV celebra cada año su fiesta del Alderdi Eguna. Esta zona está ubicada entre las juntas administrativas de Foronda y Legarda, en Vitoria. El miembro del Araba Buru Batzar (ABB), Manuel Allende, figura como administrador único de Lurukanez, S. L., una sociedad mercantil que, según admitieron fuentes del Euskadi Buru Batzar a EL PAÍS, es "completamente legal, al 100% del PNV y con una gestión que está respaldada por el Tribunal de Cuentas".

Con un capital social de 115.000 euros, Lurukanez se constituyó el 1 de diciembre de 2005, y desde entonces hasta 2008 ha ido adquiriendo terrenos a la orilla del río Zaia, frente al aeropuerto de Foronda, donde una vez al año se organiza la fiesta interna del PNV. Desde su nacimiento, Lurukanez ha ejercido como empresa matriz de Lurukan, también domiciliada en la calle Ibáñez de Bilbao, 16, que corresponde a la dirección donde se encuentra el edificio de Sabin Etxea. Ambas empresas surgen de un juego de palabras: Lurukan, como "tener tierra", mientras que Lurukanez, en la idea de "no tener tierra".

Creada en 2005, hasta 2008 ha ido comprando terreno a la orilla del Zaia
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Lo cierto es que estas dos sociedades se han dedicado a la adquisición de terrenos en esa zona de Vitoria, con el empresario Antonio Galarza Andicoechea como nexo en común. Lurukan fue creada el 10 de febrero de 2005 con un capital social de 300.000 euros por José Antonio Goikoetxea Galarza, que estuvo parcialmente vinculado con una teórica trama de empresas blindadas por quien fuera inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, descubierta en 2004 y que aún no ha sido juzgada a pesar del largo proceso judicial en curso. En concreto, Goioketxea Galarza aparecía como administrador solidario de Orbinox, una de las empresas que tenía como administrador a José Antonio Aguirre Iruin, uno de los empresarios supuestamente beneficiados por Juan Ramón Ibarra.

La empresa Lurukan mantuvo una trayectoria de dos años, hasta su disolución en abril de 2007, por cuenta del citado Galarza Andicoechea, que había creado Lurukanez por encargo del PNV en diciembre de 2005. No obstante, dejó este cargo en 2008 cuando pasó a manos de Manuel Allende Arias, destacado miembro del PNV, que había ejercido como consejero y apoderado de Centro de Empresas e Innovación de Álava (CEIA), ahora investigado por el Juzgado de Instrucción número 4, en relación con el denominado caso De Miguel.

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Un portavoz del EBB señaló a este diario que la empresa Lurukanez sólo funciona como tenedora de los terrenos donde se celebra el Alderdi Eguna y así lo constata el que su último balance presentado ante el Registro Mercantil sea el de 2008, año en el que se realizaron las últimas adquisiciones de terrenos. La razón que se argumenta desde el PNV para que la sociedad se mantenga activa es precisamente esta condición de administradora del patrimonio del partido.

El portavoz jeltzale recuerda, en este sentido, que la ley orgánica sobre financiación de partidos políticos admite como excepción a su normativa de que los partidos no pueden "realizar actividades de carácter mercantil de ninguna naturaleza", el hecho de que atiendan los bienes patrimoniales de la organización. Esta misma excepción fue apuntada desde el Araba Buru Batzar para justificar que el PNV figure ahora en el Registro Mercantil como único socio de Landaburu Etxea, empresa creada por Alfredo de Miguel para la compra del nuevo edificio central del PNV en Vitoria.

El informe del Tribunal de Cuentas de febrero de 2010 referente a las cuentas de los partidos políticos en 2006 reconoce todas estas operaciones, así como que tanto Lurukan como Lurukanez se crearon para "la adquisición de los terrenos utilizados en las celebraciones del partido". Según este informe del Tribunal de Cuentas, en 2006, el PNV mantenía unos derechos de cobro frente a estas dos empresas de más de medio millón de euros.

Se da la circunstancia de que en las inmediaciones de los terrenos adquiridos por Lurukanez se pondrá en marcha el proyecto VIAP (Vitoria Industrial Air Park), un parque industrial de alto nivel en el entorno del aeropuerto de Vitoria, una iniciativa que se aprobó en el Consejo Vasco de Promoción Económica en 2001 con la consideración de proyecto estratégico. Se trata de un área con características de parque tecnológico y especial incidencia en la industria aeronáutica.

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