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Los ayuntamientos descartan nuevos ajustes para reducir gastos

La FAMP aduce que los municipios llevan ya dos años apretándose el cinturón

Los duros planes de reducción de gasto público acometidos por el Gobierno central y la Junta de Andalucía, así como en el resto de gobiernos autonómicos, no tienen de momento un correlato en los ayuntamientos andaluces. La mayoría de las grandes ciudades al menos no tiene previsto acometer sus propios programas de ajuste, como sí han hecho por ejemplo los ayuntamientos de Madrid o Barcelona, y se limitan a reprogramar sus actuaciones en aquellos asuntos en los que se ven directamente afectados por los recortes de las demás administraciones.

Hasta ahora, la única medida trasladada de forma generalizada en los municipios es la reducción de los sueldos de los funcionarios y cargos públicos, a lo que se ven obligados por el decreto del Gobierno. Pero ningún gran consistorio ha diseñado medidas complementarias de reducción del gasto. Los responsables municipales aducen que ya han aplicado recortes en los presupuestos de los dos últimos ejercicios; algo que también habían hecho ya Gobierno y Junta pero que ha resultado insuficiente para los objetivos de reducción del déficit, y de ahí las medidas extraordinarias acometidas ahora.

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En los dos últimos años, y de manera especial en este ejercicio, todos los municipios se han visto obligados a apretarse el cinturón forzados por la reducción de ingresos que les ha ocasionado la crisis económica, y han adoptado las medidas que en cada caso ha estimado oportuna, normalmente en el gasto corriente. "Los ayuntamientos ya llevan dos años tratando de recortar de donde pueden, lo tienen asumido de forma natural porque es algo que está en el ambiente", argumenta el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano.

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El también alcalde de Dos Hermanas no ve por tanto necesidad de momento de nuevos planes de ajuste, y sostiene que los ayuntamientos ya están muy controlados, por la reducción de las transferencias que reciben y las limitaciones que se les ha impuesto para acceder a créditos o para hacer excepciones a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Todas estas condiciones, más las obligaciones que tienen contraídas, hacen, según Toscano, que apenas existan más posibilidades de reorientar sus presupuestos.

"Muchas veces ya no hablamos de problemas de equilibrio presupuestario, sino de pagar las nóminas", dice Toscano para ilustrar la situación límite de algunos municipios.

La merma de ingresos ha ocasionado importantes quebraderos de cabeza a los municipios, que en algunos casos, como Cádiz, no han sido capaces de dotarse de unos presupuestos para el ejercicio; y el Ayuntamiento de Sevilla no los aprobó hasta el pasado 31 de mayo, por lo que sí ha tenido tiempo de introducir un riguroso control recogido en un plan de austeridad hasta 2012 para reducir la deuda, que asciende ahora a 522 millones de euros, informa Reyes Rincón. El consistorio dispondrá este año de 1.119 millones de euros, casi el 15% menos que el año pasado.

A la bajada de sueldo de los funcionarios y de los concejales y directivos de empresas municipales, el Ayuntamiento de Sevilla ha sumado una nueva medida: la eliminación de las dietas que cobran cargos y concejales por asistir a reuniones de los consejos de administración de las empresas municipales. Estos complementos suponían en algunos casos jugosos ingresos extra.

El Ayuntamiento de Málaga, que sí aprobó los presupuestos antes del inicio del año, ya les aplicó también un considerable recorte, de forma que los 794,3 millones consignados retrotraen al nivel de hace cinco años. En apena dos ejercicios las cuentas han mermado un 20%.

El alcalde, Francisco de la Torre, presume de que el consistorio malagueño ha sido una de las primeras administraciones en tomar medidas de ajuste, "sin que ninguna otra se lo impusiera", y pone de ejemplo el recorte de sueldo a los directivos de empresas municipales, a los que ahora, después del acuerdo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aplicado una nueva rebaja. Para este año estima una reducción de 24 millones de euros en el gasto corriente.

El Ayuntamiento de Málaga incluso ha pedido al Gobierno que permita que el 50% del ahorro que producirá la reducción de sueldo a los funcionarios puedan destinarlo los municipios a gasto social y políticas de empleo.

Córdoba, Granada, Huelva y Almería, que han ajustado sueldos, eliminado horas extras y gasto corriente, no contemplan nuevas medidas de ajuste. Jaén busca vías para aliviar su nómina, que asciende a 5,5 millones de euros mensuales, aunque la alcaldesa, Carmen Peñalver, ha descartado de momento un Expediente de Regulación de Empleo, informa Ginés Donaire.

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