El fiscal solicita el arresto de 13 espías de EE UU que tripularon los vuelos de la CIA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Ismael Moreno la detención de los 13 supuestos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) implicados en supuestos secuestros, como el del ciudadano alemán Jaled el Masri. El Masri, de origen libanés, relató en la Audiencia Nacional en octubre de 2006 que fue secuestrado el 23 de enero de 2004 en la república ex yugoslava de Macedonia y transportado en un avión a Afganistán para ser torturado. Ese avión había hecho escala en el aeropuerto de Palma, donde la identidad real de sus tripulantes -espías de EE UU- fue ocultada. El fiscal considera que, por esos hechos, los miembros de la agencia habrían cometido un delito de falsificación de documento oficial.

El Ministerio Público recuerda que en España no hubo detenciones ilegales

En su escrito, firmado por Vicente González Mota, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera "indiciariamente acreditado" el vuelo en el que permaneció secuestrado El Masri y su paso por España. El ministerio público afirma que "la identidad real de los tripulantes" de ese vuelo "fue enmascarada con documentación efectuada ad hoc". La organización de defensa de los Derechos Humanos británica Reprieve realizó un informe en el que se recogen las identidades reales de los supuestos tripulantes, en realidad agentes de la CIA.

Se trata de James Fairing, Jason Franklin, Michael Grady, Lyle Edgar Lumsen III, Eric Matthew Fain, Charles Goldman Bryson, Kirk James Bird, Walter Richard Greensbore, Patricia O'Riley, Jane Payne, James O'Hale, John Richard Deckard y Héctor Lorenzo, según un informe de la Guardia Civil. Todos ellos permanecieron en un hotel de lujo de Mallorca la noche previa a que el avión en el que viajaban, un Boeing 737 con matrícula N313P, volara a Skopje (Macedonia) para secuestrar supuestamente a El Masri y conducirlo por la fuerza hasta Afganistán.

El juez Ismael Moreno solicitó en diciembre de 2008 a la policía información sobre las llamadas realizadas por varios de ellos desde otro hotel, este de Ibiza, entre el 12 y el 16 de febrero de 2005. Todos ellos contaban con pasaportes cuyo número comenzaba por 900, lo que señalaría su estatus diplomático. Sus domicilios, según la investigación policial, eran próximos al del cuartel general de la CIA, con sede en Langley, en el Estado de Virginia.

El fiscal recuerda en su escrito, presentado el pasado lunes, que en el juzgado de Moreno no consta que los supuestos espías estadounidenses "tuvieran algún tipo de autorización por parte de las autoridades españolas para operar en territorio nacional con identidad supuesta y en el ejercicio de misiones oficiales", por lo que considera que la exhibición de documentación falsa por parte de estos constituiría "un delito de falsificación y uso de documento oficial falso en España".

El escrito de la fiscalía reclama además a Moreno que se cite a los autores de un informe de la ONG de Derechos Humanos Reprieve que identificaron a los supuestos agentes "a los efectos de ratificar el informe sobre identificación de la verdadera identidad de los tripulantes". La orden de detención internacional contra ellos debería adoptarse una vez que los miembros de Reprieve hayan declarado en la Audiencia Nacional.

El ministerio público recuerda además que en España no se practicaron detenciones ilegales ni torturas por parte de agentes extranjeros a personas sospechosas de participar en actividades terroristas. El secuestro y las torturas de El Masri están siendo investigados en Alemania, donde hay un proceso abierto contra los agentes por esos delitos. Las autoridades de ese país también han emitido una orden internacional de detención contra los supuestos espías de EE UU.

La fiscalía indica también en su escrito que no consta que las autoridades de Estados Unidos "utilizaran sus bases [en España] para el traslado de detenidos dentro de la Operación Libertad Duradera", el dispositivo militar organizado por Washington para luchar contra el terrorismo en Afganistán.

Lo que sí está probado es que el Gobierno de José María Aznar autorizó al del ex presidente estadounidense George W. Bush a utilizar aeropuertos españoles para estas escalas con plena consciencia de la ilegalidad de estos traslados. "Considero [que] debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar las consecuencias legales", escribió el vicealmirante Manuel Calvo, presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano al informar sobre cómo debería España prestar su apoyo a EE UU. Su premonición se cumplió años después con el alemán El Masri.