El electricista que quiso ser conservero

Es un hombre trabajador, que empezó como electricista, dicen los escasos empresarios que lo conocen. Natural de Redondela, no se prodiga entre la sociedad viguesa aunque vive en pleno centro de la ciudad, en la calle Areal, en un piso frente al mar. Juan Lago también es, junto con su hijo Gustavo, el cabeza visible del potente grupo inmobiliario Promalar. Últimamente ha ocupado las portadas por llevar al coma industrial a la conservera Alfageme, dueña de Miau, una de las marcas más reconocidas de España.

El salto del ladrillo a las sardinas lo dio hace algo más de tres años, cuando se convirtió en el único accionista de tres compañías de fama: Alfageme, Marsac y Conservas Peña, con un volumen de ventas de 90 millones. Pretendía formar un grupo de referencia en Galicia e incluso hacer nuevas contrataciones. Su hijo, que presume de haber estudiado Teleco, quiso tomar las riendas de la gestión desde el principio. El padre, en cambio, "nunca miró para una lata", recuerda Pili, una de las trabajadoras.

Juan Lago compró entre Cangas y Bueu 2,8 millones de metros cuadrados

La actual Xunta investiga dónde fue a parar el dinero público

"Gustavo estaba entusiasmado con la fábrica, todo el día pensando en hacer cosas nuevas. Te pedía que probases todo cuando producto se le ocurría", comenta un promotor amigo. Para los trabajadores, es el vástago quien tiene la mayor responsabilidad en el desastre de la empresa, que ha presentado concurso de acreedores y que les debe ya tres nóminas. El comité de empleados la juzga como una operación altamente especulativa por las jugosas plusvalías que podrían haber generado los terrenos que ocupan las fábricas, situadas en Vilaxoán, Ribadumia, Vigo y O Grove. "La crisis no tiene nada que ver con la situación de Alfageme", reflexiona desde el comité José Manuel Rodríguez."Fue Gustavo Lago quien lo estropeó metiéndose en la gestión sin tener ni idea, hemos tenido media docena de directores generales y financieros. No le servía ninguno", recuerdan los trabajadores, que calculan unas deudas de 59 millones. La mayoría se las repartirían Caixanova y el Banco Popular, y 12 millones corresponderían a los proveedores.

Juan Lago, verdadero forjador del imperio inmobiliario responde, según un compañero de profesión, "al típico perfil de promotor gallego: con apenas formación, de esos que están en la oficina 14 horas al día, que sabe aprovechar las oportunidades y se mueve muy bien". Y tanto. Le han apoyado gobiernos de derecha e izquierda. Sus empresas se proyectaron en la Expo 92 y no pararon de crecer. Sólo en la provincia de Pontevedra, Lago está o ha estado vinculado a 33 sociedades.

Su base junto a Promalar es Feyju Galicia SL, que factura cerca de nueve millones de euros y que declaró en 2008 ganancias de 45.000. En 1999, Juan Lago compró a los herederos del condado de Aldán, en Cangas, unos 2,8 millones de metros cuadrados en los montes de ese municipio y de Bueu. Con José Enrique Sotelo (PP) como alcalde firmó un convenio para promover 5.000 viviendas en esos terrenos con la consiguiente recalificación. "Un documento absolutamente inviable con las normas actuales, toda esa zona es de protección forestal", recuerda ahora Mariano Abalo, concejal de Cangas. Sobre cuánto le costó el suelo hay versiones distintas, pero pagó barato el metro cuadrado.Después quiso multiplicar el precio para vendérselo a la Zona Franca, con Pablo Egerique (PP) como delegado. El actual presidente del Consejo Económico y Social articuló una operación en 2002 para construir un gran parque industrial en los montes de Juan Lago. Lo hizo apoyado por el delfín de Fraga, José Cuiña, sobre unos bosques que, por cierto, son desde el 2001 reclamados judicialmente por los vecinos de Bueu.

La primera victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid provocó el cese en el Consorcio de Egerique y la llegada de Enrique López Peña, que deshizo la operación. Además del elevado precio del metro cuadrado, tenía serias dudas de que aquello fuese viable como zona industrial por la orografía del terreno y porque no estaba del todo clara la propiedad. López Peña no se libró por ello de ácidas críticas del alcalde popular de Cangas: "Vulgar mentiroso", fue lo más suave que le llamó.

Con el bipartito, Juan Lago tuvo bastante suerte. La ex conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, contrató un estudio para retomar la viabilidad del parque empresarial. Mientras, desde el Igape, controlado por el conselleiro socialista José Ramón Fernández Antonio, Lago consiguió que le avalasen al 80% préstamos para Alfageme por importe de 44 millones. Presentó como garantías varios activos: la marca Miau, que, según los empleados se valoró en 18 millones, la planta de Vilaxoán (11 millones), la de Ribadumia (unos seis millones), y la de Vigo, en poco más de un millón.

"El motivo de tanta magnificencia era plasmar la transformación de la conservera en un gran grupo alimentario", recuerdan mienbros del comité. No cumplió el plan de viabilidad, pese a que los propios empleados apoyaron inicialmente a la empresa en sus reivindicaciones especulativas ante el ayuntamiento de Vigo, que otorgó a los propietarios más superficie edificable para garantizar la continuidad. "Nos prometían que, en caso de despido, los trabajadores recibiríamos indemnizaciones de 60 días por año sin límite de antigüedad".

El BNG también vio con buenos ojos los proyectos del grupo, que se presentó con éxito al polémico concurso eólico en el conglomerado de Aucosa.

Pero las cosas han cambiado. Frustrado el negocio del viento, frustrada su reivindicación de conseguir que calificasen como suelo urbano consolidado el solar de Bouzas, la Xunta actual ha dado a Alfageme una de cal y otra de arena. Ha seguido avalando los préstamos (en enero, uno de 2,4 millones) pero el conselleiro de Economía Javier Guerra ha dado instrucciones para que se investigue el destino de los recursos públicos que han ido a parar a la empresa. La solución, según la consellería, pasa porque los propietarios permitan la entrada de un nuevo socio mayoritario que tenga la solvencia financiera y la experiencia de gestión suficiente como para relanzar el negocio. "Pero la propiedad está haciendo inviable ese cambio", dice la Xunta.