"El proyecto de escuela saludable se va a pique"

"Aquí no se comen ni barritas de pescado, ni sanjacobos, ni pizzas, ni verduras congeladas". Cada mes, describe Isabel Tomás, responsable de funcionamiento del comedor escolar del colegio público Santa Teresa de Valencia, se "personaliza" el menú, se contrasta con la nutricionista del centro, con las monitoras y lo vuelve a revisar la responsable de la dirección. El CP Santa Teresa forma parte de la Red de Escuelas Saludables. El servicio de Catering Ruzafa, SL, le ofreció abrir la cocina y ponerle un horno de vapor para mejorar la nutrición y la calidad final de los productos alimenticios que toman a diario 160 niños de 6 a 12 años. En un trimestre los niños han probado nueve clases de pescado diferente, una docena de arroces, calamar, boquerón fresco, fruta natural y el esperado brownie de chocolate.

La orden limita la elección a tres empresas elegidas por la consejería

Dificulta la presencia de industrias locales en los concursos

Los alumnos de todas las edades destinan una hora vespertina a la semana para elaborar sus propios "postres caseros" con Rubén, el cocinero de planta, que es quien mejor conoce los platos que funcionan o los que no se ajustan al gusto. El dietario de calorías, proteínas o vitaminas viene marcado desde las Consejerías de Educación y Sanidad. Pero los sabores forman parte de la creación.

Inma, la cuidadora contratada por el colegio, observa que "los más pequeños de Infantil prefieren las legumbres en puré. Se las comen mejor". O que "los que llegan cansados de piscina, a mediodía, prefieren proteínas ese día".

Pese al funcionamiento regulado y normalizado desde 2002 de los comedores escolares, la Consejería de Educación se propone cambiar el modelo personalizado por el industrial.

El proyecto de orden al que ha tenido acceso EL PAÍS faculta a las tres direcciones territoriales para "homologar a las empresas adjudicatarias" de los comedores escolares, pese a que ya están homologadas una vez que obtienen licencia para operar. Además, limitará las opciones por centro a sólo "tres empresas". Y dividirá la adjudicación de los 989 comedores públicos en grandes lotes. Una empresa media valenciana que atiende 20 o 30 colegios será difícil que compita en un concurso de mayor volumen.

Tampoco podrá hacerlo Paqui, una autoempresaria, con licencia, que vive de proveer la comida en un colegio de Alaquàs. Ni la autoempresa formada por madres del AMPA del colegio Jaume I de Catarroja, que es "un modelo de eficacia", según Vicent Moreno, el director. "El comedor es un servicio social a las familias, y esto al final se lo repartirán entre cuatro empresas, las que la consejería diga". También se echan a temblar las cuatro cocineras del colegio público Max Aub de Valencia, que pese a tener que organizar tres turnos, ha sido la referencia de la cocina escolar en reportajes televisados.

El cambio es un golpe al modelo "personalizado" de comedor escolar, y la entrada de lleno de la comida industrial en las escuelas. "El proyecto de escuela saludable, que implantamos con éxito hace cuatro años, se va a pique", resume Tomás. "Eso significa la llegada de la industrialización a los comedores escolares, que ahora formaban parte del proyecto educativo de cada centro", concluye.

La fórmula de introducir grandes empresas o multinacionales de restauración, como si los colegios fueran una feria de muestras o un centro turístico como Benidorm, ya funciona en comunidades autónomas como Madrid, pionera en la liberalización de los servicios públicos. De hecho, la consejería valenciana ha mantenido contactos desde julio con media docena de empresas (cuatro de Madrid, una vasca y con sede en Cataluña) que operan a nivel nacional e internacional para su entrada en un mercado que factura cada curso 138 millones de euros y donde 163.000 usuarios pagan a toca teja cada mes. Sin retraso.

Los empresarios valencianos consultados ratifican su "preocupación" por el cambio de modelo y las consecuencias sobre los proveedores locales, lo que afecta a unos 5.000 empleos directos e indirectos. Su asociación, Aecorv, matizó ayer que no rechaza el modelo. Al malestar de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya, y las críticas de empresas de cáterin, se sumó ayer el de la Permanente de Directores de Valencia que "rechazan el cambio de modelo" porque es un ataque a la autonomía de los centros. "Cambia aquello que funciona bien, en vez de cambiar lo que no funciona: los retrasos en ingresar las ayudas al comedor, que hace que los centros se queden sin fondos para pagar a proveedores y educadores".