Educación privatiza el servicio de comedor en los centros públicos

La Consejería de Educación privatizará el servicio de comedor escolar en los 989 centros públicos de la Comunidad Valenciana, una prestación que facturó 138 millones de euros el curso pasado. Hasta ahora los consejos escolares de cada centro contrataban el servicio directamente con proveedores del barrio o de la localidad, en función de su tamaño y necesidades escolares. Fuentes de la consejería confirmaron que la publicación de la orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana se realizará en breve.

La cantidad por la que se privatizará el servicio de comedor será la segunda en importancia de la Administración valenciana, por detrás del servicio de limpieza del sistema valenciano de salud, que asciende a 143 millones. Una contrata que ha sido anulada en ocasiones por introducir "correcciones al alza" sobre los precios de licitación.

"Las características del concurso deja fuera a la pequeñas empresas"

La Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya -que representa a 163.000 usuarios- considera que el cambio de modelo "limita la elección de los padres", que hasta ahora negociaban el menú y la alimentación de sus hijos con cada empresa suministradora. Además, "impide a los consejos escolares gestionar su propia cuenta de comedor escolar y destinar el excedente a las actividades educativas que consideren".

"La privatización provocará que sólo las grandes empresas puedan presentarse al concurso tras ser homologadas en cada dirección territorial", explica Carmen Rosales, asesora jurídica de la federación valenciana de padres FAPA-Valencia. "Es el modelo puesto en marcha en Madrid y el servicio está en manos de tres multinacionales".

La orden, en su opinión, introduce otra consecuencia: "Expulsa a las asociaciones de padres y madres (AMPA), de la gestión del servicio de comedor de muchos centros educativos". Tras años de negociaciones con la Consejería de Educación, esta fórmula de gestión se regularizó y en el curso 2001-2002 muchas AMPA se constituyeron en autoempresas, propiciando la incorporación laboral de las madres con contrato de autónomos. "Ahora no se sabe qué va a pasar con ellas", apunta.

La Asociación de Empresas de Restauración Colectiva (Aercor) también rechaza este modelo. En primer término, porque "el perfil provincial del concurso deja fuera directamente a las pequeñas y medianas empresas valencianas", advierte un asociado. Además, según sus cálculos, el impacto negativo del modelo afectará a 5.000 empleos directos e indirectos que cubren este servicio.

"Una multinacional no compra el pan, la fruta, la carne o el pescado en el comercio local o del barrio", asegura otro asociado.

Las dudas sobre el modelo que quiere implantar la consejería se plantearon en la mesa técnica con el director general de Personal, David Barelles, y el de Centros, Rafael Carbonell, el pasado 31 de marzo: "¿Cómo será el acuerdo marco que servirá como pliego de condiciones del concurso? ¿Como el de Madrid? ¿Con quién se ha pactado y con qué calendario para que haya tanta urgencia? ¿Por qué no se promulga una orden de requisitos mínimos de las empresas para que todas las interesadas puedan participar y ser homologadas, sin tener que acudir a un concurso provincial que excluirá a las más pequeñas?". Ningún director ha respondido a estas cuestiones.

La consejería señala en un comunicado que adoptará "el acuerdo marco de la Ley de Contratos Públicos", lo que permitirá "una mayor racionalización a la contratación del servicio de comedores".