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LA COLUMNA | OPINIÓN

El derecho a ser llorados

Convertir a los verdugos en víctimas nunca puede ser un acto de justicia. Por esto resulta irritante el procesamiento de Garzón por su intento de reconocer y dar reparación a las víctimas del franquismo. Están convirtiendo el pacto de amnistía en un principio de ocultación del pasado, de negación del reconocimiento a las víctimas y de blanqueo del franquismo. El espíritu de la transición era avanzar hacia adelante desde la exigencia moral de no volver nunca a un enfrentamiento como la Guerra Civil. Para ello, se pactó una amnistía que protegiera a todos los potenciales protagonistas del cambio, los que venían del franquismo y los que venían de la resistencia. Pero esta amnistía no significaba una absolución del pasado. Era, simplemente, aplazar el duelo para realizarlo cuando la democracia hubiese alcanzado ya su madurez y su equilibrio. Con paciencia, se dejaron pasar los años, pero el tiempo de silencio no podía ser indefinido. Algo falla en la democracia española si, a estas alturas, todavía los verdugos pasan por delante de las víctimas.

Resulta difícil de entender la extraña alianza que se ha trenzado entre la ultraderecha, la derecha y un núcleo muy concreto de la izquierda judicial. Y es inquietante el papel de un Gobierno (con algún portador del virus antiGarzón incrustado) que, amparándose en la no intromisión entre poderes, deja hacer, olvidando que no estamos ante un problema judicial sino político y que será el Gobierno el que tendrá que lidiar con las consecuencias internas y con el descrédito internacional que provocaría una sentencia condenatoria. La prensa extranjera no puede entender que España sea incapaz de encarar la revisión de la dictadura que han hecho ya otros países, como Chile y Argentina. Lo decía The New York Times: "España necesita una explicación honesta de su pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla".

El Consejo General del Poder Judicial -a petición de parte: el juez empeñado en cargarse a Garzón- descalifica las críticas. El Poder Judicial es tan susceptible de ser criticado como cualquier otro. En democracia nadie, ni siquiera los jueces, está por encima de la libertad de expresión. Y es especialmente grave que el Poder Judicial pretenda limitar algunas expresiones, porque es el único poder del Estado que no tiene otro control que el de la opinión pública. Al Poder Ejecutivo lo controla el Legislativo, al Legislativo lo controla el ciudadano, que tiene la capacidad de cambiar las mayorías con su voto, a ambos los controla el Poder Judicial y, desde lejos, la opinión pública. El Poder Judicial se controla a sí mismo. Por lo menos, que aguanten los envites que puedan venir de la opinión pública.

La derecha, que desde el caso Gürtel va a por todas contra Garzón, habla de las críticas a los jueces que le han de juzgar como un atentado a la democracia. La libertad de expresión nunca atenta contra la democracia. Lo que sí atenta contra la democracia es el querer escapar a ella. A la derecha el cuerpo le pide pelea contra Garzón, pero puede salir trasquilada: conseguirá movilizar a una izquierda que estaba muy desactivada.

Si el primer principio de la Justicia, como dice Amartya Sen, es actuar contra la injusticia flagrante, en este caso hay una clara inversión de los valores: una presunta injusticia -querer enjuiciar a los verdugos con una interpretación de la ley que algunos jueces consideran inapropiada- se utiliza para tapar una flagrante injusticia -la negación del reconocimiento a las víctimas del franquismo-.

La justicia tiene un marco y un contexto. Se ejerce en una comunidad con unos valores determinados y con un trayecto histórico. La norma legal no tiene la asepsia de un teorema. El que la interpreta debe saber encontrar el equilibrio entre el texto y el contexto para actuar con equidad. Y la equidad dice que la injusticia flagrante no se está cometiendo con los verdugos -que salieron de rositas de esta historia- sino con las víctimas. La justicia no puede decidir que hay víctimas que no tienen derecho a ser lloradas, para decirlo con la expresión de Judit Butler.

La imagen liberal de España va a retroceder varios escalones en el mundo, porque es difícil entender que a estas alturas el franquismo aún tenga protección y los que lo denuncian aún tengan que pagar por ello. Creo que la prensa internacional lleva razón: la democracia española sigue cojeando porque una parte de este país todavía no puede admitir la realidad del franquismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de abril de 2010