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TV-3, 'la meva'

Los partidos vulneran el espíritu de la ley y convierten la CCMA en un arma de control de los profesionales

La cuerda que rige el equilibrio en los medios públicos está muy tensa. Los tres socios del tripartito más Convergència i Unió (CiU) aprobaron en octubre de 2007 la ley que regulaba los medios de la Generalitat. La Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) tenía un objetivo: acabar con el control gubernamental de TV-3 y Catalunya Ràdio -Jordi Pujol los elegía a dedo- y despolitizar los medios públicos. La clave estribaba en la toma de las decisiones más importantes, que debían refrendar dos tercios de los diputados, una medida que obligaba a tripartito y CiU a ponerse de acuerdo.

Dos años y medio después, el espíritu de independencia ha sido dilapidado: los medios ya no son gubernamentales, pero el control se ha partidizado. Los partidos han jugado con la ley a estirar la cuerda, haciendo fuerza para acercar TV-3 y Catalunya Ràdio a sus dominios. CiU es la que más fuerte ha tensado, aprovechando su poder de veto para bloquear las decisiones más importantes. La reciente marcha del presidente de la CCMA, Albert Sáez, ha obligado al tripartito a actuar ante la posibilidad de un nuevo bloqueo de los nacionalistas para elegir a su sustituto. El PSC ha dicho basta y ha dejado de estirar una cuerda, la de los medios públicos, que cree que le pertenece por gobernar. A golpe de decreto ley, una medida prevista para casos de urgencia que da al Gobierno el poder de aprobar una norma sin pasar por el Parlament, el tripartito ha logrado que el presidente de la CCMA sustituto, que será Enric Marín, se elija por mayoría absoluta, sin necesitar los votos de CiU. La acción, que ha sido catalogada como "cacicada" por la oposición, es considerada un "mal menor" por ERC, mientras que ICV-EUiA dice sentirse "incómoda" con el decreto ley.

Enric Marín será presidente tras un decreto ley que irrita a la oposición

El gobierno de la corporación es como un Parlament en miniatura

Pero este es sólo el último episodio de una norma que nació malherida porque la voluntad de politizar la gestión de los medios afloró desde el primer minuto, al confeccionar la estructura de la CCMA. La corporación tiene una triple arquitectura administrativa: en el primer escalafón se sitúan los directivos de los medios públicos y la dirección general; por encima está el consejo de Gobierno, formado por 12 miembros que controlan la gestión de los mandos profesionales. El tercer órgano es el consejo asesor, formado por 21 personas que opinan sobre contenidos y programación. Para elegir a los consejeros de Gobierno, los partidos se repartieron la tarta según su representación parlamentaria. Así, a CiU le quedaron cinco, al PSC, cuatro, y a ERC, ICV y PP, uno cada uno. El resultado de la partición determinó el futuro de la CCMA.

Los partidos se saltaron a la torera la promesa que hicieron en la ley de buscar perfiles profesionales para controlar los medios. Los 12 consejeros de la corporación tienen un marcado carácter partidista: el presidente hasta hace una semana, Albert Sáez, fue secretario de Comunicación del tripartito, igual que Enric Marín; el vicepresidente, Roger Loppacher, fue secretario de Interior con CiU. Y así hasta configurar un consejo en el que abundan jefes de gabinete, encargados de prensa de partidos y altos cargos con afiliación política. Un proceso similar se vivió un año después para escoger los miembros del consejo asesor. El resultado ha sido un rifirrafe continuo que ha embarrado cualquier decisión que afecte a los medios públicos, La elección de la directora general de la CCMA, Rosa Cullell; de la directora de TV-3, Mònica Terribas, y del director de Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas (sustituido hace ocho meses por Ramon Mateu), estuvo amenazada por el bloqueo y con los partidos dispuestos a pelear por el último gramo del pastel para no perder cuota de influencia.

La gestión de los profesionales tampoco ha sido fácil. Los miembros del Consejo de Gobierno han actuado como comisarios políticos, huyendo de la independencia que les da la ley y actuando por orden de su partido. En vez de un foro de debate destinado a mejorar la calidad de los medios, el Consejo de Gobierno se ha convertido en una repetición, en miniatura, del Parlament. A la vista del resultado, el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, se mostró satisfecho con el cambio que habrá en la ley de la CCMA. "El proceso [para elegir al nuevo presidente] se ha hecho de la forma más democrática posible", dijo ayer a Catalunya Informació.Tresserras defendió que la modificación responde al objetivo de mantener el equilibrio entre fuerzas de derechas e izquierdas. "Tenemos uno de los sistemas públicos de radio y televisión mejores del mundo y no podemos correr el riesgo de que alguien intente instrumentalizar la ley y alterar el equilibrio en la CCMA rompiendo el pacto y aprovechando la marcha de una persona".

Marín, que será elegido presidente esta semana, hace la siguiente reflexión final: "La ley se ha quedado a medio camino. Se ha logrado eliminar el control del Gobierno, pero se ha partidizado la gestión de los medios". Marín, que participó en la creación de la norma, considera que el espíritu de la ley "se ha vulnerado", pero aclara: "Estamos mucho mejor que antes". Su elección ha supuesto el enésimo rifirrafe político en la gestión de los medios públicos. Esquivando la polémica, asegura que quiere trabajar con el máximo consenso y garantizar la independencia de los profesionales. Si le dejan los partidos.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de abril de 2010