La Xunta recurre los controles del Gobierno a las primas eólicas

Viento y tribunales siguen siendo sinónimo en Galicia. Esta vez el conflicto llega con el registro de preasignaciones impulsado por el Ministerio de Industria para filtrar los proyectos autorizados por las comunidades y así establecer los megavatios a instalar que recibirán primas. Los protagonistas, Xunta y Gobierno central. Los servicios jurídicos de San Caetano han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que fija criterios y ordenación de los proyectos eólicos que recibirán subvenciones hasta 2013.

Semanas antes de anunciar el nuevo modelo eólico a través de una orden que repartirá 2.325 megavatios, la Secretaria Xeral de la Consellería de Economía e Industria activó la vía jurídica y abrió un frente contra el Gobierno, a sabiendas de que la decisión del Consejo de Ministros del 13 de noviembre ponía en jaque al sector durante los próximos tres años. El departamento que dirige Javier Guerra esgrime "invasión de competencias" por parte del Ministerio de Industria, al esconder también la norma una sobrerregulación implícita de las autorizaciones administrativas autonómicas para montar parques a través del filtro de las primas eólicas. Ahora, será la Sala Tercera del Supremo la que resolverá, en única instancia, el contencioso interpuesto por la Xunta.

La resolución del Consejo de Ministros ahora recurrida, que ordenaba los proyectos o instalaciones presentados al registro de preasignaciones y acordaba las retribuciones a conceder por tratarse la eólica de energía subvencionada, esgrimía varios factores que, a juicio de la Xunta, suponen conflicto competencial. Pero, sobre todo, fijaba un techo para Galicia de sólo 148 megavatios subvencionables vía primas a la producción entre 2010 y 2012, con lo que rompía las expectativas generadas con el nuevo concurso eólico, ya que la totalidad de los parques a adjudicar quedan fuera de las primas. Como consecuencia, el viento dejará de ser un negocio tan rentable como hasta ahora para los futuros adjudicatarios.

El acuerdo del Gobierno tse basa en un informe de Red Eléctrica, el operador del sistema y encargado de evacuar la energía, que establece los criterios de seguridad de suministro, cobertura prevista de la demanda y el ritmo de conexiones. Y también en un informe de la Secretaría de Estado de Energía en la que advierte del alto coste de la barra libre de primas para cuanto megavatio se autorice en las comunidades. Así, "la entrada en operación gradual de las instalaciones del registro de preasignación, durante 2010-2013, permitirá una absorción mucho más moderada del coste asociado a dichas tecnologías", mantiene el Gobierno. El escenario propuesto implica un sobrecoste del régimen especial de 5.959 millones de euros en 2010, frente a los 7.254 millones si no se aplica el filtro.

Desde el ministerio señalaron ayer que respetan la decisión de la Xunta, aunque desconocen los fundamentos jurídicos del recurso. Fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián consideran que "el registro de preasignación es perfectamente legal, no invade competencias y permite que la instalación de potencia renovable se realice de forma ordenada para garantizar la viabilidad futura del sistema eléctrico, tanto técnica como económicamente".