Sin casa, pero con hipoteca

"Hubo un momento en el que tuve que elegir: o pagaba la hipoteca o daba de comer a mis hijas". A Estefanía Portaña le tiembla la voz cuando explica que ha dejado de pagar las letras de su piso. Cuando en 2005 compró una vivienda cerca de Tarragona, no pensó que un día se vería metida en el infierno que vive. Como no puede pagar las mensualidades, el piso saldrá pronto a subasta. Si el banco se queda con él, estará en la calle. Pero lo peor es que su calvario no habrá terminado: "Me iré a la calle y seguiré cargando con la mitad de la hipoteca", explica aguantando las lágrimas.

Esto pasará porque, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en España, cuando uno deja de pagar la hipoteca y su vivienda acaba en una subasta, si no sale comprador, el banco puede quedarse con ella por el 50% del valor de tasación que tenga. El resto del dinero, hasta cubrir el valor total de la hipoteca, lo deberá abonar el propietario. Por eso Estefanía corre el riesgo de quedarse en la calle y al tiempo deberle al banco 100.000 euros. Como ella no los tiene, teme que el banco vaya a por sus padres. "Ellos me avalaron con su piso", dice preocupada.

"La ley española, que es una anomalía, porque protege a los más fuertes y deja que todas las responsabilidades caigan sobre los débiles", denunció ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Piden, respaldados por asociaciones y juristas, que se reforme la ley para que se regule la dación como pago. Es decir, que entregar la casa al banco sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria.

La petición para que, si hay impago hipotecario, entregar la vivienda sea suficiente para saldar la deuda viene respaldada, dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por una decena de asociaciones catalanas (de consumo, derechos humanos y de abogacía), así como por más de una treintena de juristas. En España, afirman, hay 350.000 familias que en los últimos tres años han perdido su vivienda por falta de pago o la perderán. La mayoría mantendrá "deudas de miles de euros" a pesar de quedarse en la calle, denuncian. No han conseguido datos específicos de Cataluña, pero saben que es una situación cada vez más común. "A nuestra plataforma se han unido en menos de un año 700 familias", aseguran. "Las empresas pueden acogerse a un concurso de acreedores para liquidar su deuda de manera ordenada y empezar de cero. Para las familias no es viable esta opción. Es muy caro ir a concurso (12.000 euros) y no se pueden incluir los préstamos hipotecarios, que son el mayor problema de la mayoría", razonan.

Anna Colau, miembro de la plataforma, habló ayer arropada por Jaume Assens, abogado y vocal de la Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que también está peleando por este cambio legislativo. Quieren que se apruebe con carácter de urgencia, incluido en el paquete de medidas anticrisis que se está discutiendo a nivel estatal. Si no tienen éxito, seguirán peleando. Lo llevarán al Congreso (de momento aseguran que ERC e ICV ya se han mostrado interesados) o por la vía de iniciativa legislativa popular (ILP) mediante una recogida de firmas, que ya han comenzado.

"Para pedir la hipoteca, todo fueron facilidades", recordaba Segundo Zapata, presente en la rueda de prensa que organizó la plataforma ayer. En 2007 una caja de ahorros le prestó 263.000 euros para comprar un piso en L'Hospitalet de Llobregat. Respaldaban el préstamo su nómina de 1.200 euros de albañil y los 400 euros que ganaba su mujer trabajando por horas. Su hijo, con una nómina casi idéntica a la de Segundo, era el avalista. Hoy esos ingresos han desaparecido. El piso se ha subastado. Como no hubo ofertas, el banco será el dueño. Y Segundo y su familia, que viven de alquiler, le deben aún 200.000 euros a la entidad.