El fiscal pide cárcel para el alcalde de Alhaurín por cobrar sobornos

"Hemos recibido la noticia con alegría, ya que es una batalla más que hemos ganado". De esta sorprendente forma reaccionaba ayer el equipo de gobierno local de Alhaurín el Grande (Málaga, 23.000 habitantes) al enterarse de que la Fiscalía pide cárcel para el alcalde, Juan Martín Serón, y para el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP. El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha solicitado cuatro años y medio de prisión, 19 de inhabilitación y multa de 500.000 euros para Martín Serón, al que acusa de haber cobrado 238.000 euros de promotores con intereses en Alhaurín a cambio de concederles licencias ilegales de obra. Martín Serón está imputado de un delito continuado de cohecho y de prevaricación.

Para Guerra, hombre de confianza del alcalde y presunto cerebro de la trama, el ministerio público pide siete años y medio de cárcel por cohecho y por un delito continuado contra la ordenación del territorio, consistente en conceder 14 licencias contrarias al planeamiento urbanístico de Alhaurín. A cambio de estos permisos ilegales, Guerra exigió a los promotores 782.445 euros, de los cuales recibió al menos 304.545 euros, según las anotaciones manuscritas y los archivos informáticos encontrados en el despacho del edil en el Ayuntamiento. Además de la pena de prisión, el fiscal pide para este concejal 21 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 1,6 millones.

El fiscal afirma en su escrito acusatorio que el edil de Urbanismo "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad de las parcelas y en el número de viviendas respecto a lo legalmente establecido". Cada metro cuadrado de más se cobraba supuestamente a 80 euros, y cada vivienda a 6.000 euros.

Además de los dos políticos, en la trama están imputados dos funcionarios municipales -los asesores jurídicos de Urbanismo Juan Burgos e Ildefonso Domínguez- que, según el fiscal, informaron a favor de otorgar las licencias pese a conocer su ilegalidad; y los 16 empresarios que supuestamente efectuaron los pagos. El fiscal reclama para cada uno de los promotores tres años de prisión por cohecho y delitos contra la ordenación del territorio. Estos empresarios se enfrentan a multas que suman 1,3 millones.

No obstante, Martín Serón y Guerra sí tienen argumentos para ver el vaso medio lleno. En el caso del alcalde, el fiscal ha sobreseído la imputación por blanqueo de capitales, que también afectaba a su esposa, la economista Teresa Santos, que queda fuera de la acusación. Y Gregorio Guerra deja de estar imputado por prevaricación. Además, se archiva provisionalmente la causa contra cuatro empresarios, entre ellos Manuel Márquez, dueño de la compañía Conextran.