La Xunta excluye de la protección de costa un campo de golf vinculado al PP

De un plumazo, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) que promueve la Xunta elimina la posibilidad de construir en 535 hectáreas de suelo urbanizable en Sanxenxo. El 42% del veto al ladrillo del proyecto de la Consellería de Medio Ambiente en la provincia de Pontevedra se concentra en este municipio gobernado por el PP, expuesto por el resto de partidos como ejemplo de la marbellización de Galicia. Pero la protección aplicada en Sanxenxo tiene una significativa excepción, al dejar fuera de su amparo el macroproyecto de campo de golf en Montefaro promovido por una empresa vinculada al PP de Valencia. El proyecto de Montefaro lleva asociado la construcción de 2.700 viviendas.

A pesar de su impacto ambiental, denunciado por los vecinos y recogido en un informe de la Xunta, su entorno y un pequeño perímetro a su alrededor son prácticamente las únicas zonas en las que el Plan del Litoral no establece criterio alguno de protección. Los colores grises que se le aplican en los planos al entorno afectado dan vía libre a "nuevos asentamientos" y "nuevas agrupaciones", lo que elimina cualquier protección especial.

La previsión del campo de golf se incluyó en el Plan General de Ordenación Municipal de Sanxenxo, aprobado en tiempo récord en 2003 por el entonces alcalde, Telmo Martín, que eludió así el exhaustivo control ambiental previsto en la reforma de la Lei do Solo que entró en vigor ese año. Sí se sometió a informe el proyecto de Montefaro cuando se materializó su plan parcial. Las conclusiones de la Consellería de Medio Ambiente revelaron que "no satisface las significativas exigencias" de sostenibilidad, al carecer de integración en una zona alta con gran pendiente, muy visible desde el litoral.

Tres meses después, ya con el Partido Popular en la Xunta, un nuevo informe de la consellería rectificó al anterior. El campo de golf está previsto en dos suelos clasificados en el Plan General como urbanizables. El mayor de ellos lo promueve Mirador de Sanxenxo, S.L., propiedad de Sedesa, fundada por el padre de Juan Cotino, ex director general de la Policía y actual vicepresidente del Gobierno valenciano, y administrada por sus familiares. Sedesa aparece en el sumario del caso Gürtel como una de las compañías que presuntamente financiaban ilegalmente al PP de Valencia.

La desclasificación de Montefaro en el Plan de Ordenación del Litoral probablemente no desbloqueará a corto plazo la ejecución del proyecto, pero supone un balón de oxígeno para Sedesa, al mantener intacto el valor del suelo de una empresa que atraviesa una delicada situación económica. Tanto es así, que Mirador de Sanxenxo ha descartado iniciar las obras de momento por falta de financiación. La filial de Sedesa y las promotoras responsables de la otra parte del proyecto están en litigio con el ayuntamiento, al que reclaman la devolución de 8,6 millones de euros, que ingresaron en las arcas municipales para que les liberara de la obligación de construir vivienda de protección oficial en el selecto club de golf.

Pero cambiaron los tiempos, llegó la crisis y Mirador de Sanxenxo, encargada de la promoción de 1.300 viviendas, apeló a las nuevas exigencias de vivienda protegida incluidas en la legislación autonómica para reclamar el reembolso de 4,7 millones de euros. La ordenación prevista en el POL ha provocado las protestas de la oposición, pero la alcaldesa, Catalina González, del PP, lo apoya. El portavoz municipal del BNG, David Otero, denuncia el "agravio clarísimo" que supone la desprotección de Montefaro, que contrasta con las cautelas que se imponen en otras zonas donde, según los nacionalistas, no están justificadas.