Vientos a favor del pacto
Dos vientos soplan fuerte a favor de un gran acuerdo de política económica: el temor a que los mercados internacionales contagien a España del virus griego y la presión de la opinión pública, que lo reclama en un 72% (sondeo de Público).
Esos vientos empujaron al Gobierno a formular una más sólida propuesta de pacto (tras algunas de boquilla); impulsaron a Duran Lleida (CiU) a relanzar su ya añeja reclamación; llevaron al Rey a abonarlo entre bambalinas; y han desatado el clandestino, pero persistente, activismo favorable del banquero Emilio Botín: "Un pacto con urgencia, sin perder tiempo, ya".
Junto a los vientos, brisas de cálculo táctico, menos noble. El Gobierno acaricia la ocasión de arrinconar al PP y recuperar el crédito que otorga alguna alianza (se apuntarían otros); o de disuadirle del cuanto peor mejor. CiU, la de compensar la retórica soberanista y recuperar centralidad y fiabilidad. A ambos les brindaría una concertación básica convertible quizá en coalición tras las autonómicas de noviembre.
Mercados y ciudadanos piden un gran acuerdo: las propuestas del PSOE y de CiU son compatibles
¿Pueden casar las distintas propuestas de política económica? El primer indicio favorable es el ámbito del pacto. Los cuatro puntos básicos a acordar, concretaron el presidente Zapatero y Duran en el debate del día 17, son casi idénticos: empleo, financiación y banca, relanzamiento productivo y plan de austeridad de las Administraciones. El segundo indicio es el contenido mismo de las recetas de cada uno. No hace falta que se tomen la molestia de comparar el discurso de Duran con los proyectos gubernamentales clave: el plan de austeridad, el paquete legislativo de economía sostenible y las líneas básicas para la reforma laboral. Con afición miniaturista, este columnista las ha calibrado al detalle, que también les ahorro. Y la conclusión es que las medidas coinciden en más de un 70%; y que las no coincidentes son generalmente aceptables para la otra parte, tras los oportunos matices.
Sólo les separa un elemento de diferenciación contundente. Mientras el Gobierno ya aprobó en los presupuestos el alza del IVA (uno o dos puntos, según las actividades) para el segundo semestre y no descarta otras subidas de impuestos, CiU hace causa del statu quo fiscal, si acaso aderezado son reducciones selectivas: a la rehabilitación de viviendas, al turismo y a los aún inconcretos sectores por los que apostar. ¿Está, pues, perdido de antemano el acuerdo que reclaman al unísono ciudadanos y mercados?
No lo está. Los dos principales interlocutores consideran que, aunque importante, esa desavenencia puede aparcarse, es prescindible en el texto. "No será un obstáculo", indican en privado con firmeza. Para CiU "tampoco sería un impedimento que el PP confirmara su descuelgue", aunque lo prefiera dentro: si la dinámica pactista coge velocidad, será complicado que se sustraiga a ella. Ambos arriesgan. El Gobierno, porque si la iniciativa se frustra, los mercados serán implacables. La oposición moderada, porque será acusada de entreguista, sin lograr nada a cambio.
De modo que la viabilidad del pacto, con más o menos firmantes, depende en buena ley sólo de tres cosas: del acierto en la tarea técnica de perfilar las medidas, redondeando posibles aristas; de la rapidez y ejecutividad de los acuerdos (calendario de implantación), que disuelva la desconfianza de las oposiciones por los vaivenes del Ejecutivo; y de un seguimiento que haga creíble cierta estabilidad en la política económica. Aunque no desata pasiones entre los protagonistas, por razones inversas entre sí, una fórmula practicable es la empleada por el presidente Obama para su propio plan de reducción del gasto público: una comisión con sendos copresidentes, demócrata y republicano.
