Islandia en la encrucijada

Icesave es uno de esos acrónimos redondos. Fácil de recordar, le adornan colores alegres más propios de una marca juvenil que de la filial de un banco, en este caso, el islandés Landsbanki. Pero ahí termina el idilio entre producto y consumidor. La crisis de identidad provocada en Islandia por la deuda derivada del hundimiento de la entidad en 2008 -nada menos que 3.600 millones de euros para los clientes británicos y holandeses- ha demostrado dos cosas.

En primer lugar, que la mala gestión bancaria de unos ahorros internacionales trasciende el ámbito monetario, pero no incita a la solidaridad. Ni siquiera a la buena vecindad. Como muestra, ahí está la advertencia de Finlandia sobre la posible retención de la ayuda financiera a Reikiavik si no afronta el impago. Dado que los países escandinavos son los principales contribuyentes del programa de rescate islandés de 6.000 millones de euros, diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la llamada de atención está también escrita en números.

Holanda y el Reino Unido advierten que bloquearan su acceso a la UE

Grimsson desea ganar tiempo para darle voz a los ciudadanos

La segunda lección es más dura si cabe. La Haya reclama 1.300 millones de euros a Islandia. Londres, por su parte, pide 2.300 millones. Ambas garantizaron préstamos a los ahorradores hundidos por la quiebra de Icesave y no piensan ceder hasta haber recibido el último céntimo. Para conseguirlo, no han dudado en aplicar la presión más efectiva en el ámbito comunitario: la amenaza del aislamiento. Islandia pidió formalmente en julio de 2009 la adhesión a la Unión Europea. Los mismos socios históricos que ahora la llaman morosa han dejado claro que pueden bloquear su intento. Y si bien el rechazo interno islandés a la adhesión roza en los sondeos el 50%, por temor a perder su independencia pesquera, parte del actual Gobierno confía en vencer el euroescepticismo.

En especial la primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir que gobierna con los Verdes, contrarios a la adhesión. Ella vislumbra un futuro mejor en el seno comunitario. Una visión que el destino marcado por Icesave podría enturbiar a corto plazo. No hay más que fijarse en la actitud de los acreedores.

Muy enfadada con los retrasos, Holanda ha pasado de la velada amenaza de su ministro de Exteriores, Maxime Verhagen, al afirmar que "una pronta solución al embrollo de Icesave aceleraría la solicitud islandesa a la UE", a los reproches. Verbalizados por el titular de Finanzas, Wouter Bos, ha resumido la posición gubernamental diciendo que "la convocatoria de un referéndum para ver cómo se devuelve el dinero es inaceptable". Más contenido en las formas, el ministro británico del Tesoro, Lord Myners, ha sugerido que si los islandeses rechazan la ley que faculta la devolución, "estarían arruinando su reputación y diciendo que no desean formar parte del sistema financiero internacional". Pero tanta presión diplomática tal vez no fuera necesaria.

Islandia sabe que debe afrontar sus compromisos. Así que la negativa de su presidente, Olafur Grimsson, a ratificar la ley que impone el pago de sus deudas y el anuncio de un referéndum antes de firmarla, parece responder a una estrategia bien sencilla. Desea ganar algo de tiempo para darle a la ciudadanía la voz que reclama en un asunto controvertido. Eso, y demostrarle a sus acreedores lo que sus compatriotas claman: que no son los culpables de este fiasco. Porque aunque el acuerdo de devolución prevé un préstamo a 15 años para un fondo de garantía negociable en 2024, con unos intereses del 5,5%, al contribuyente le sale muy cara. Equivaldrá a unos 12.000 euros por persona (cerca del 40% de PIB en 2009) en un país de 323.000 habitantes.

La imagen de la protesta organizada la semana pasada frente al domicilio del presidente refleja ese malestar. Fue el 2 de enero. Tres días después, Grimsson se hacía eco de la petición firmada por unos 60.000 votantes contra las indemnizaciones, y anunciaba "un referéndum a celebrar lo antes posible". Luego llamó a la democracia esencial "puesto que el pueblo debe estar convencido de que determina el curso de su propio futuro". En ningún momento habló de no pagar. Al contrario. Sabe que se convertiría en el paria de Europa.

Con todo, una lección sí puede extraerse ya de la accidentada consulta popular islandesa. Si bien la supervisión de Icesave le correspondía a Reikiavik, la normativa comunitaria impone la vigilancia de entidades foráneas operando en su territorio. Algo que Holanda y el Reino Unido abordaron de forma demasiado legalista y poco efectiva.