El Gobierno ayuda a 1.900 familias a pagar las hipotecas de sus viviendas

¿El dinero público debe dervir para pagar las hipotecas de personas en dificultades? ¿Debe de hacerse además sin pedir a esas familias que devuelvan las cantidades destinadas a financiar su propiedad, al reincorporarse a la actividad laboral? ¿Es justificable la ayuda si evita que el afectado se vaya a la exclusión social?

El Gobierno vasco, concretamente el departamento de Asuntos Sociales, que ha estado en manos de dos gabinetes diferentes este año, se ha gastado a lo largo de 2009 un total de dos millones de euros en ayudar a 1.900 familias a pagar las hipotecas de sus viviendas.

Las ayudas se canalizan a través de las asistentes sociales, y se incluyen dentro de las partidas generales de las Ayudas de Emergencia Social, que en 2009 tienen un presupuesto de 54,5 millones. "Son unas 1.900 familias", precisa Pedro Sánchez, el director de Inserción Social del departamento de Gemma Zabaleta. "En torno al 5% de los perceptores de ese tipo de ayudas". Tanto los perceptores como el gasto se ha doblado prácticamente en 2009, al pasar del 3.1% al 5%, debido a las consecuencias más duras de la crisis como el incremento de desempleados. En Euskadi ese colectivo asciende ya a 125.000 personas mientras que otras 60.000 están afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo. El número total de perceptores de AES por todos los conceptos es de 38.000.

"Negarles las ayudas es mandarlos a la exclusión social"

José Luis L. perdió el empleo en diciembre 2007. Trabajaba en una empresa subcontratista de una promotora de Bilbao que cerró. "Me hubiera quedado en la calle si no me ayudan", aseguró el pasado viernes. "Con la ayuda puedo pagar la cuota del banco, si no me hubiera quedado en la calle", insiste. La asistenta social comprobó que el demandante no tenía otros bienes que pudiera vender, ni otra vivienda, o patrimonio adicional, y la diputación aceptó la ayuda. "Negársela hubiera sido excluirle del sistema, mandarle directamente a la exclusión social", explica Sánchez. Todos los perceptores son por situaciones de emergencia sobrevenidas. Sin embargo, el Gobierno también es consciente de que contribuir al pago de una propiedad privada sin exigir el reembolso del dinero está en el límite de lo jurídicamente admisible. El anterior gabinete consultó ya en 2007 si se podía habilitar algún mecanismo que regulara el reembolso de las ayudas. "Era muy complicado, incluso jurídicamente. Era más sencillo contemplarlo como ayuda extraordinaria, no sujeta a derecho", indicaron fuentes del Ejecutivo tras recordar que ese uso de las AES para pagar las hipotecas ha estado operativo desde que se aprobaron las ayudas hace dos décadas. "Ahora ha crecido ese capítulo por la crisis", especifican.

No obstante, el departamento de Empleo y Asuntos Sociales va a estudiarlo durante los próximos meses para ver si el nuevo decreto de AES que prevé aprobar el tercer trimestre de 2010, puede incorporar alguna previsión en ese sentido.

El departamento va a aprobar a lo largo de 2010 cuatro decretos. El que más le urge es el del Complemento de Vivienda que entrará en vigor el primero de enero aunque no haya sido aprobado en el Consejo de Gobierno. Alguna corrección sugerida por la Comisión Jurídica Asesora va a retrasar la aprobación de ese decreto, que estaba prevista para hoy.

El segundo decreto será el que regule los convenios de inclusión, es decir, los contratos que firmarán individualmente los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos y que tendrá como objetivo central reintegrarlo al circuito laboral.

El tercero será en el de la Renta de Garantía de Ingresos y cuarto el de las AES, que llegará el tercer trimestre para adaptarse a los tres anteriores.