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Editorial:

Absurda sentencia

Un juez condena a dos periodistas por revelar la afiliación irregular de militantes del PP

Un juez de Madrid ha condenado a Daniel Anido y Rodolfo Irago, director y jefe de Informativos, respectivamente, de la cadena SER (propiedad del grupo PRISA, editor de EL PAÍS), a sendas penas de un año y nueve meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio del periodismo, seis meses de multa de 100 euros diarios y una indemnización de 125.000 euros por haber revelado la afiliación política de 78 militantes del PP de Villaviciosa de Odón (Madrid), en una información sobre presuntas afiliaciones irregulares a dicho partido en fechas previas a las elecciones autonómicas de 2003, que concluyeron en el escándalo del llamado tamayazo.

La sentencia es, probablemente, la primera que condena a periodistas por un delito de revelación de secretos en el ejercicio de su profesión; y que considera secreta la afiliación a un partido. Los argumentos del juez, referidos al carácter ultraprotegible del dato de afiliación partidista, son desfasados. El mensaje que transmite, acorde con el concepto que de su militancia en el PP tienen los querellantes, es que esta opción ciudadana que, según la Ley de Partidos de 2003, es "libre y voluntaria", debe permanecer oculta al resto de ciudadanos.

Que la afiliación partidista sea un dato que deba quedar a la sola disposición del interesado, como un dato personal de igual entidad que su ideología, religión, condición sexual, se compadece mal con la naturaleza y la función de los partidos. No sólo parece lógica la identificación pública de los promotores y dirigentes de un partido, sino que nada debería contraindicar el conocimiento de sus afiliados: la pertenencia a un partido no es algo de lo que avergonzarse, ni tampoco un dato estrictamente ideológico, ya que los partidos se definen hoy más por sus programas que por sus ideas.

¿Cómo no va a haber corrupción y enjuagues en los partidos si se pretende proteger penalmente hasta el nombre de sus militantes? Precisamente era un caso de corrupción en el PP de Villaviciosa de Odón lo que intentaban esclarecer los periodistas condenados: afiliaciones irregulares masivas de vecinos con vistas a las elecciones, entre ellos los constructores Bravo y Vázquez, relacionados después con el tamayazo que impidió un Gobierno de izquierdas en Madrid.

El juez reconoce esa actuación profesional, pero la considera incompleta para rebajar la pena. Entiende que no era imprescindible publicar esos datos, pasando por alto que su publicación documentaba la noticia y era la prueba de su veracidad. También hace una distinción inadmisible entre medios de comunicación tradicionales e Internet que le lleva a una duda conclusiva sobre si la protección constitucional al derecho de información alcanza a este medio. Todos los medios, Internet incluido, están regidos por la misma jurisprudencia del Constitucional, en la que prima el derecho a la información sobre una pretendida privacidad que, en este caso, ni siquiera existe.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de diciembre de 2009