Pollos, prostíbulos y 180 imputados

De aquel pinchazo a los camellos partió la investigación, por parte de Estela San José, de la trama de las multas, que empezó en la Jefatura Provincial de Tráfico y ahora entra de lleno en la Policía Municipal. Por ahora, en este caso fueron citados varios alcaldes y concejales de la provincia, la vicepresidenta de la diputación o el vicario general de Lugo, y se cuentan 50 imputados. A finales de octubre, estas escuchas derivaron en la investigación de un supuesto caso de tráfico de influencias y prevaricación en la adjudicación de obras públicas. Fueron detenidos el alcalde y tres ediles de Castro de Rei, y volvió a ser interrogada la vicepresidenta segunda de la Diputación y dos trabajadores del Instituto Lucense de Desarrollo.

San José, que además lleva todos los casos de violencia de género, investiga también una red encargada de introducir inmigrantes desde Marruecos que venían a trabajar en granjas de pollos y empresas relacionadas con este negocio cárnico. Hay más de cien imputados, entre ellos el jefe de Inmigración en Lugo, Alberto Linares, encargado de supervisar los expedientes de inmigración. Ante los medios, Linares explicó que "cuando se manejan muchos papeles" a uno le "asaltan las dudas". Unos 180 inmigrantes reclaman ahora la devolución del dinero que pagaron a la trama por los papeles, y en Lugo los abogados de oficio no dan abasto.

Mientras tanto, en el número 1 avanza el caso Carioca. Hay ya más de 30 imputados, y 15 de ellos fueron enviados a prisión por la juez Pilar de Lara. El último en ingresar fue el ginecólogo que supuestamente practicó el aborto ilegal a una prostituta del club Queens, junto al Polígono do Ceao, una brasileña que de día trabajaba de camarera en un restaurante de la ciudad.

En la cárcel, además de diversos empresarios y responsables de los locales, están el ex guardia civil propietario del Bolboreta, un cabo del mismo cuerpo, un inspector de la Policía Local y un Policía Nacional destinado en Barajas que facilitaba la entrada a España de las mujeres. Esta investigación también se llevó a cabo con pinchazos telefónicos y partió de un chivatazo de dos guardias civiles.