Responsabilidades compartidas

La promoción de los derechos humanos, la justicia y la lucha contra la pobreza debería ser una tarea compartida por las instituciones políticas, económicas y educativas, pero también por los ciudadanos. El congreso que la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo (IDEA) celebra en Valencia debatió ayer sobre la necesidad de que todos estos agentes asuman sus responsabilidades en el desarrollo de los pueblos.

Pero ¿qué sucede cuando no existe sintonía entre las distintas sensibilidades de los ciudadanos y sus Estados? Quizás sirva para ilustrar esta posibilidad el caso de la activista saharaui Aminetu Haidar, a quien Marruecos retiró el pasaporte y que mantiene una huelga de hambre en Lanzarote. La simpatía social que existe entre buena parte de los españoles hacia la causa del pueblo saharaui choca con el pragmatismo que mantiene el Gobierno con Marruecos.

Otro ejemplo, en una dimensión distinta, podría ser el referido a las constantes reclamaciones de las ONG valencianas hacia el Consell por incumplir, año tras año, su compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto a cooperación.

"Ante la falta de responsabilidad oficial, la sociedad debe reclamar, protestar, buscar canales para que sus deseos se recojan por las autoridades", apuntó ayer David A. Crocker, profesor de la Universidad de Maryland y fundador de IDEA en 1984. "Pero, sobre todo, se necesita superar la brecha entre la dimensión política oficial y el compromiso ético de los ciudadanos".

Crocker apunta a la posibilidad de formar dirigentes sensibles a estas cuestiones para que, una vez incorporados a los cargos directivos, puedan servir de enganche con la sociedad y reflejar sus inquietudes en los lugares donde se toman las decisiones. "No me gusta demasiado hablar de la dicotomía Estados-ciudadanos", advierte, "pero también es importante contar con instituciones híbridas" que sirvan para dinamizar estas relaciones.

La sensación que tiene Adela Cortina, directora de la Fundación Etnor (coorganizadora del congreso junto a las universidades de Valencia, Politécnica y Jaume I) es que sería más interesante que esta brecha fuera más grande, porque reflejaría un mayor activismo social. Pero no cree que sea así. "No considero que haya tanta movilización de la sociedad civil" demandando medidas contra la pobreza o la injusticia, señaló ayer a este diario. Pero si existiera un clamor popular relacionado con estas peticiones, "los politicos irían detrás, porque ahí es donde estarían sus votos".

Cortina destacó el enorme potencial de los ciudadanos "si reivindicáramos más". "Tenemos mayor poder del que creemos".

Eso sí, reconoció que el movimiento ciudadano "debería ser más fuerte". E hizo una reflexión sobre la politización excesiva que existe en la vida pública y que, en cierta forma, contamina también al movimiento ciudadano. "Es evidente que cada persona tiene sus preferencias políticas, pero por ello, las entidades ciudadanas no deben ser correas de transmisión de los partidos". Para esta catedrática de Ética de la Universitat de València, "la sociedad civil está cada vez más partidizada, y eso no es bueno".