Los centros de Osakidetza sólo realizan el 6% de los abortos en Euskadi

Las clínicas privadas practican nueve de cada diez interrupciones del embarazo en Vizcaya y Guipúzcoa. En total, en el País Vasco se registraron 2.996 abortos en 2008, de los que el 92% de los casos en Guipúzcoa y el 95% de Vizcaya fueron realizados en las clínicas privadas, según los datos ofrecidos ayer por la parlamentaria socialista Maria Teresa Laespada en la Comisión de Sanidad. Los 32 abortos contabilizados en Álava se llevaron a cabo en la red pública, aunque no hay datos de cuántas mujeres alavesas interrumpieron su embarazo en clínicas privadas de los otros territorios.

Por lo tanto, Osakidetza atiende únicamente el 6% de los abortos, una cifra que impulsó ayer al Parlamento, con los votos de EB, PSE-EE y PNV, a pedir al Departamento de Sanidad un informe sobre la "infrautilización de la red pública vasca" en este ámbito. En total, siete centros de pago y siete hospitales públicos realizan interrupciones del embarazo en Euskadi.

Mikel Arana (EB) recordó que el 52% de estas mujeres se informaron sobre la interrupción de su embarazo en los centros públicos, pero a la hora de llevarlo a cabo acudieron en masa a las clínicas privadas. Roberto Lertxundi, andrólogo y senador por el PSE, explica que "en la red pública sólo se admiten situaciones plenamente constatables" de los tres casos de aborto terapéutico: malformaciones graves del feto, violaciones y riesgo de la salud materna. Generalmente, el "incontestable" es el primero.

Lertxundi resta peso en estos datos a la objeción de conciencia a la que los médicos se pueden acoger y recalca que Osakidetza practica más abortos que la media de los centros públicos españoles (un 2% de los casos). Aun así, recalca que "la inseguridad de las mujeres es muy grande", porque los casos discutibles se rechazan en Osakidetza. Por su parte, el director de la clínica privada Askabide de San Sebastián, Luis Elberdin, explica que la infrautilización en la red pública se debe a "leyes no escritas" que coartan a los médicos a la hora de realizar abortos. "Se les cierran las posibilidades de promoción profesional", afirma.

En los centros privados, el precio de la intervención ronda los 350 euros, algo que puede obstaculizar la interrupción voluntaria de la gestación por falta de ingresos. Este problema pretende ser resuelto con la reforma de la ley del aborto que, además de permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, busca garantizar el acceso a la red sanitaria pública a todas las mujeres.

Un portavoz del Ministerio de Igualdad explicó que, con la futura ley, la objeción de conciencia "en ningún caso impedirán el aborto", ya que si los centros públicos no lo practican, la mujer será desviada a clínicas concertadas, con los gastos a cargo de la administración. La reforma amplía a 22 semanas el aborto si el feto presenta malformaciones o está en peligro la salud de la madre.

Arana también mostró su preocupación por el elevado número de mujeres que recurrió al aborto sin acudir previamente a los centros de planificación familiar existentes. Esta realidad obedece a "las deficiencias de la red pública de centros de planificación familiar", según opina Lertxundi.