Educación se resigna a pagar un curso más las aulas segregadas

Educación asume que tendrá que seguir pagando, al menos un año más, el funcionamiento de los 12 centros concertados que segregan por sexo. El departamento que dirige Mar Moreno da por hecho que el fin de la educación diferenciada sostenida con fondos públicos se dirimirá con una sentencia del Tribunal Supremo que imponga una doctrina para todas las comunidades autónomas, lo que demorará la solución probablemente más de un curso.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado en las últimas semanas varios autos que suspenden de forma cautelar la orden de la Junta que obligaba a los colegios concertados a ofrecer educación mixta el curso que viene. La suspensión se mantendrá hasta que los jueces decidan sobre los recursos presentados contra esa orden de la Junta por los centros concertados que segregan por sexo. Pero sea cual sea la resolución del TSJA, fuentes de Educación apuntan que la parte perjudicada (la Junta o los colegios) recurrirá el fallo, por lo que se da por seguro que el curso que viene el Gobierno andaluz tendrá que seguir pagando a estos centros. La Consejería de Educación ya ha asumido que el caso de los conciertos con los centros que separan a alumnos y alumnas tendrá que acabar en el Tribunal Supremo, donde se dirimen asuntos de este tipo en los que hay pronunciamientos dispares.

El TSJA, que ya ha paralizado cautelarmente la orden que daba un plazo de un año a los centros que segregan para que se adaptaran a la normativa, tendrá que emitir el auto que resuelva este asunto. Educación está convencida de que la decisión del TSJA será recurrida, ya sea por los padres, por los centros o por la propia consejería, en el caso de que no comparta que se coarte su libertad de administrar el sistema educativo.

La Junta ya intentó en 1999 imponer el sistema mixto en las aulas andaluzas. Pero el TSJA tumbó aquella orden en 2006. En aquel caso, la Junta decidió no recurrir. Si volviera a ocurrir lo mismo, Educación sí acudiría a una instancia superior en este caso: al Tribunal Supremo.

La doctrina del Supremo en este asunto es dispar. En algunos casos, como en Valencia, ha dado la razón parcialmente a los que defienden la educación diferenciada, que opinan que chicos y chicas tienen un desarrollo dispar.

Pero hay otros casos como el del Gobierno de Castilla-La Mancha, comunidad en la que ya no existen colegios concertados que separen ambos sexos en las aulas.

La decisión de no financiar más con fondos públicos a estos colegios fue recurrida ante el alto tribunal de Castilla-La Mancha. Finalmente, fue el Tribunal Supremo el que tuvo que resolver este asunto en abril de 2008, cuando se fijó que "el sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros".

Respecto al último auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Educación advierte de que "se trata de una medida cautelar que no entra, por tanto, en el fondo de la cuestión". El departamento que dirige Mar Moreno reconoce que es "un asunto muy complejo jurídicamente y que esta resolución no es la primera ni será la última en esta materia". Pero la Junta también avisa: la consejería "mantendrá su defensa de la enseñanza mixta en la medida que lo permita el marco jurídico".

Para armar el rechazo a la educación segregada la Junta cuenta con la Ley Orgánica de Educación (LOE), que ya abrió las puertas a dejar sin subvenciones a los colegios que segreguen. El artículo 84.3 de esta norma fija que "en ningún caso" habrá discriminación por sexo. Y la disposición adicional 25 de la LOE también señala que los colegios mixtos "serán objeto de atención preferente y prioritaria".

En la LEA (Ley de Educación de Andalucía) también se incide en este asunto y la consejería publicó una orden a principios de año en la que se ponía fin a estas prácticas. Pero Educación no ha querido este curso imponer la educación mixta de golpe en los 12 centros que aún separan a niños y niñas en la comunidad.

El departamento de Mar Moreno decidió conceder una moratoria de un año a estos concertados para que abrieran las puertas a los dos sexos. Normalmente, los conciertos se renuevan cada cuatro años. Pero en el caso de estas dos docenas de colegios e institutos se decidió darles un año para que se adaptaran.

El TSJA sostiene ahora que "si la sentencia que se dictase fuera favorable sería ineficaz al haberse verificado un cambio esencial en la identidad del centro, con los consiguientes efectos en orden a la matriculación de alumnos de ambos sexos".