El gobierno de Parcent declara que frenó los PAI porque eran ilegales

"Parcent no se dejará amedrentar por una promotora que sólo busca el lucro económico". Con esta fortaleza de ánimo, el alcalde del municipio, Máximo Revilla, y los cuatro concejales de su gobierno, todos de Coalició Democràtica, declararon ayer como imputados durante cuatro horas y media ante el juzgado de Dénia para proclamar su inocencia frente a la querella de la promotora Terra de l'Horta, del Grupo Ballester. El promotor acusa a los ediles y al secretario municipal de un presunto delito de prevaricación administrativa por obstaculizar uno de los tres proyectos urbanísticos aprobados por el PP durante la anterior legislatura. Los PAI contemplaban 1.800 casas y preveían multiplicar por cinco la población del municipio.

Un centenar de vecinos arropó a los ediles en su cita ante el juez

Los cinco concejales aseguraron que no ha habido ilegalidad en la paralización tanto del PAI de Terra de l'Horta como de los otros dos proyectos, ya que en octubre y tras un largo proceso burocrático fueron rechazados por la Consejería de Territorio al entender que no disponen de suficientes recursos hídricos y supondrán un grave impacto medioambiental. "Nos limitamos a tramitar los PAI tal y como nos exigía la consejería guiados sólo por el interés general del municipio", señaló el portavoz del gobierno local, Joan Carles Poquet, quien precisó que los cinco ediles se negaron en la vista a contestar a las preguntas del abogado de la promotora "porque la mercantil trata de instrumentalizar el procedimiento penal para presionar y coaccionar a la corporación y al pueblo". La misma actitud, aunque por "motivos deontológicos", siguió el secretario municipal. La promotora exige para los acusados "detención y prisión o libertad provisional con fianza".

Así, la doctrina Parcent, que durante los últimos años ha recorrido media Europa como símbolo de la lucha contra el urbanismo desaforado, vivió ayer ante el Palacio de Justicia de Dénia la que puede ser su última batalla: después de haber perdido la partida ante la consejería, a las promotoras que desarrollan los PAI ya sólo les queda la carta de la acusación penal.

Por eso, y conscientes de lo que había en juego, un centenar de representantes de la Associació de Veïns del municipio, así como de Abusos Urbanísticos No y de otras organizaciones ecologistas acudieron a apoyar a los imputados. Muchos de los manifestantes, que esgrimieron una pancarta en la que podía leerse "Apoyo a la democracia, la justicia y la sostenibilidad", hablaban en francés, inglés y alemán, buena prueba de la oposición de los residentes extranjeros a los proyectos.