Gobierno y Junta buscarán cómo mantener la inversión prevista
"El proyecto de Las Aletas es irreversible". La frase es de Luis Pizarro, consejero de Gobernación y vicesecretario general del PSOE de Andalucía, uno de los principales impulsores de esta inversión. Los avatares judiciales y los inmensos obstáculos que ha tenido que sortear el parque industrial de Puerto Real (Cádiz) le han obligado ya a repetir varias veces esta máxima. Ayer, a pesar de la contundencia del fallo del Supremo, volvió a hacerlo. "Esta sentencia no es el fin de Las Aletas. Mantenemos el compromiso. Puede provocar un retraso, pero saldrá adelante", respondió convencido.
El Consorcio de Las Aletas, organismo gestor del polígono en el que están representadas todas las administraciones implicadas, emitió un comunicado en el que ratificaba la idea defendida por Pizarro. "La sentencia conlleva un replanteamiento del marco jurídico del proyecto", recoge el texto consensuado. El Consorcio dice acatar la sentencia, anuncia que el compromiso con el proyecto se mantiene intacto y se avanza la apertura de un período de estudio jurídico para analizar las diferentes alternativas para desarrollar la inversión. Pizarro avanzó ayer una. El Consejo de Ministros deberá aprobar un nuevo acuerdo para declarar la reserva de esos suelos protegidos que corrija las deficiencias que refleja la sentencia.
"Suspensión de las obras"
De momento, se detienen las obras iniciadas el pasado septiembre y que ayer continuaban con normalidad. La difusión de la noticia no impidió que los 52 operarios contratados ahora mismo para el movimiento de tierras pudieran concluir su jornada laboral. Aunque no volverán la semana que viene. El Consorcio ordenó ayer la suspensión "provisional" de las obras.
La sentencia ha dejado una honda desolación y preocupación entre empresarios y sindicatos de la bahía de Cádiz, que se habían quejado de los retrasos en el proyecto. "Esperemos que no sea algo definitivo y que pueda continuar. Es ya negativo porque conllevará otra tardanza", se lamentó Manuel Ruiz, de CC OO. Peor se lo tomó el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, de IU. "Se nota que los señores magistrados no han visitado la bahía de Cádiz", aseguró.
Frente a todas estas posturas, la organización recurrente WWW Adena no se siente responsable de la debacle económica que puede suponer esta sentencia. Lo dejó claro su portavoz, Rita Rodríguez. "Adena no cuestiona la necesidad de potenciar las industrias de Andalucía pero sí su ubicación en unas marismas. Debió hacerse un estudio para buscar alternativas y no se hizo. La culpa no es nuestra sino de quien impulsó el proyecto".
