"Era igual que ellos y sabía lo que pasaba"

Dolores S.P. tiene 53 años, una hija de 27, una demanda ganada y ningún empleo. A mediados del 2008 respondió a una oferta laboral aparecida en prensa. Se empleó como ayudante de cocina en la cafetería de la estación de autobuses de Ferrol. Sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Todo por "400 euros al mes". Trabajaba para la sociedad formada por Edelmiro Díaz y su hijo Infante, padre y hermano de la actual directora general de Formación y Colocación en la Consellería de Traballo, Ana María Díaz López.

A Dolores le ofrecieron 12 horas semanales de trabajo que, según ella, acabaron siendo 42. Por teléfono, va relatando los pormenores de una experiencia laboral que se prolongó seis meses, de junio a enero del 2009, y en la que se sintió "maltratada" y "asqueada". "Ni un solo día de descanso ni de vacaciones, me dieron", asegura.

"La madre se ofreció a pagarme la afiliación al Partido Popular"

Por 16 horas a la semana, Yolanda recibía 250 euros mensuales

Explica que a diario acudía al domicilio del hijo como empleada doméstica a tiempo parcial: cuatro horas entre las 8.00 y las 12.45 horas antes de incorporarse a la cocina, de 13.00 a 19.00, a las órdenes de la madre de Ana María Díaz. "En la cocina mandaba la madre, que era la que estaba siempre allí, pero toda la familia participaba en el negocio", asegura.

En octubre del año pasado, su hija Yolanda M.S. también comenzó a trabajar para la misma familia a tiempo parcial y en las mismas condiciones. Dos veces por semana planchaba los manteles del restaurante y cada día, de lunes a viernes, limpiaba a mediodía en la casa de la directora general. Apenas coincidieron y tampoco recuerda ningún problema. Por unas 16 horas de trabajo a la semana, Yolanda recibía 250 euros mensuales. "Lo aguantábamos porque necesitábamos el dinero", añade.

Cuenta que Ana María Díaz, ex delegada de Medio Ambiente en A Coruña durante el último mandato de Manuel Fraga, solía pasar muy a menudo y ayudar los fines de semana. "Era igual que ellos y sabía todo lo que se hacía allí", aseguran al unísono madre e hija.

A mediados de enero, Dolores y su hija fueron despedidas sin más. "Un día al llegar me dijeron que ya no hacía falta que me cambiase, que estaba fuera, y que mi hija también", recuerda. Acudieron a la CIG y demandaron a la familia por despido improcedente. Ganaron ambas y tienen pendientes otras dos sentencias por cantidades atrasadas.

El juez denunció la "confusión jurídica y material" creada por la sociedad civil que componen el padre y el hermano de la directora general, y condena a esta última como responsable solidaria de los hechos, en los que participan como "beneficiarios y organizadores". La sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol es firme y no fue recurrida por las partes.

La directora general de Formación no acudió al juicio para el que estaba citada y tampoco se presentó el pasado 12 de agosto en el acto de conciliación en el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) para responder por la demanda interpuesta por su ex empleada de hogar. Para Ana Díaz López, fue un "error" no recurrir el fallo judicial. En declaraciones a EL PAÍS argumentó que no mantiene ninguna relación mercantil con la sociedad que gestionan su padre y su hermano y que la joven trabajó en su casa un número muy reducido de horas, apenas 10 cada semana, y que por tanto, no estaba obligada a contratarla. Este alto cargo de la Xunta confirmó que pedirá una aclaración de la sentencia que la condena por el despido improcedente de Dolores S.P., y asegura que se trata de una "confusión" que se esta aprovechando para "desgastar" al Gobierno.

"Dirá que no sabía nada, pero ella comía en el restaurante, y andaba por la cocina", afirma Yolanda, su ex empleada doméstica. "¿Acaso no hablaban entre ellos? Claro que lo sabía, pero ahora no quiere mancharse las manos".

Natividad C.M. también pasó por la empresa familiar de los Díaz López. Fue durante cuatro años camarera en la estación de autobuses. Asegura que su contrato estipulaba 40 horas semanales, pero trabajaba diez cada día. "Firmaba la nómina pero no la cobraba", asegura. Empezó cobrando 600 euros y en cuatro años de servicio nunca pasó de 680. "La cosa se complicó cuando la hija [Ana María Díaz] se metió en política", explica la ex camarera. "La madre me dijo que necesitaban votos y se ofreció a pagarme la afiliación al PP", recuerda. "Me pidió que fuera a los mítines. Me negué y la cosa empezó a ir mal". La echaron y los denunció por despido improcedente e impago de horas. Finalmente llegaron a un acuerdo en la conciliación.

Francisco Cartelle, responsable de la CIG en Ferrol, carga las tintas contra las "excusas pueriles y patateras" del PP para mantener en su puesto a una directora general que, subraya, está condenada por infringir la legislación laboral que ella misma debe hacer cumplir. "Si no se entera de las infracciones que hay en su propia familia tampoco lo hará en las empresas", ironiza.