La esperanza viene de Valencia

Lavar el mono de fábrica de sus maridos puede matarlas, y muy pronto. Es lo que temen tres de las mujeres que dicen estar afectadas por el amianto con el que fabricaba sus piezas de construcción la empresa Uralita en Getafe. Los trabajadores llevaban a casa las partículas tóxicas, que quedaban colgadas sobre la calle en los tendederos. Estas mujeres, junto a 28 personas más, esperan el juicio que empezará el mes próximo y que decidirá si la empresa es responsable de sus enfermedades pulmonares.

Las nuevas noticias de un caso similar en Valencia han reavivado las esperanzas de los afectados de Getafe; ayer se conoció que la empresa Unión Naval de Valencia ha aceptado su responsabilidad en 20 muertes y 51 lesiones por el amianto. Los afectados de Getafe pelean sin éxito desde hace una década por que se reconozca la implicación de la sustancia en los cánceres de trabajadores y familiares de la planta.La sentencia de Valencia condena a Unión Naval a pagar 11 millones a 71 trabajadores víctimas de enfermedades relacionadas con el amianto (entre 110.000 y 250.000 euros a cada uno). Las reclamaciones de los afectados getafeños se mueven en lo más bajo de la horquilla: unos 120.000 euros por caso. "Nos preocupa sobre todo asegurar que los enfermos tengan una buena atención. Sabemos que muchos no llegarán al final del juicio", explica Juan Carlos Paúl, presidente de AVIDA, la Asociación de Víctimas del Amianto. Esta sustancia puede dañar el sistema respiratorio y causar tumores.

Cuando AVIDA presentó su segunda denuncia colectiva el mes pasado (la primera desembocará en juicio el mes que viene), un portavoz de la compañía declaró que Uralita "vivía el proceso con gran tranquilidad". Ayer ningún responsable de la compañía respondió al teléfono para comentar si el reconocimiento de su responsabilidad por parte de Unión Naval de Valencia podía influir en su posición. "Hasta el momento todas las demandas laborales y civiles que se le han impuesto a la compañía han sido favorables a ella", comentó en su momento el representante. Efectivamente, cada una de las sentencias laborales (cerca de 40) ha respaldado a Uralita. "Ellos se adaptaban a la legislación laboral de la época. Eso es indiscutible", plantea Paúl. "Lo que ocurre es que, más allá de la ley, conocían los efectos del amianto: hay estudios que lo atestiguan", esgrime. Por eso AVIDA ha intentado la ofensiva legal por la vía civil. Los resultados tampoco han sido espectaculares: de las cuatro demandas presentadas, tres fueron derivadas a la jurisdicción laboral, y la otra se falló a favor de Uralita. Ésta es la primera vez que la asociación presenta un proceso conjunto. "El antecedente de Unión Naval es positivo. Nos admira que la empresa se declare consciente del daño causado", dice Juan Carlos Paúl.

La denuncia colectiva la acompañó una comitiva de 50 miembros de la asociación, algunos de los cuales llegaban en autobuses a los juzgados de plaza de Castilla con bombonas de oxígeno en los brazos. "A ver quién va con uno de estos en el taxi", bromeaba un afectado. La asociación ha anunciado que pretende presentar una demanda cada seis meses con 30 casos nuevos. La cantidad de afectados en la región es difícilmente calculable, porque incluye desde trabajadores que manipularon el material hasta a personas que se expusieron a él moviéndose en ambientes en que flotaban partículas. AVIDA estima que pueden ser cerca de 25.000.

La Consejería de Empleo comenzó a trabajar hace unos años en un registro de posibles afectados que incluía sólo a los directos. El objetivo era encontrar a los trabajadores que potencialmente estuvieron en contacto con el material entre los años cincuenta y 2001 (fecha de su prohibición) para asegurar un seguimiento adecuado de los posibles problemas de salud derivados de la manipulación del mineral. En 2007, la Consejería anunció que tenía localizados a 2.700 de los 4.200 miembros de su censo, que incluía albañiles, fontaneros o mecánicos. Ayer la Consejería no pudo contactar a ningún técnico que le confirmara a este periódico si los otros 1.500 casos que merecían seguimiento han sido localizados.

Las administraciones se han comprometido en numerosas ocasiones a respaldar a las víctimas, pero no está probado que sus iniciativas hayan llegado siempre a buen puerto. Hace dos años, el Ayuntamiento de Getafe anunció que sería el primer municipio en elaborar un censo de edificios con el material, pero ni los afectados tienen noción de que sea así ni el Ayuntamiento es capaz de confirmar que el proyecto siga adelante. La Comunidad anunció que se pondría a la estela de Getafe en ese registro; hasta el momento parece que se ha inspirado en el mismo principio de inmovilidad: a nadie le suena en las oficinas de Vivienda y Medio Ambiente un censo similar.